La magistrada de Alicante que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas en Playa de San Juan ha acordado remitir a la Fiscalía y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional la documentación aportada por el Ayuntamiento de Alicante.
La titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante había requerido días atrás al consistorio toda la información disponible sobre la adjudicación de las 140 viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus. El Ayuntamiento ha entregado este miércoles los informes de los que dispone y, tras recibirlos, la jueza ha resuelto este jueves trasladarlos tanto al ministerio público como a la UDEF.
En paralelo, la magistrada también ha dado traslado a la Fiscalía para que informe del recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado por el sindicato Manos Limpias contra la decisión de exigirle una fianza para interponer querella y ejercer la acusación popular en la causa.
Irregularidades detectadas en el censo y la ocupación
Entre los datos remitidos al juzgado figura que 46 de las 140 viviendas carecen de personas empadronadas y que en más de una decena de casos hay varios miembros de una misma familia que constan como beneficiarios.
La documentación incluye, además, la existencia de cinco allegados —en concreto, tres hermanos y dos primos, con edades entre 18 y 24 años— que han recibido una vivienda VPP pese a que los primeros trámites de la cooperativa se remontan a 2018, lo que, según se expone, habría obligado a su inscripción con 14 o 15 años.
También se recogen otros supuestos indicios, como domicilios con una única persona censada en los que “se denota que hay más personas” y la presencia de 12 personas no adjudicatarias residiendo en seis viviendas, una circunstancia que, de confirmarse, infringiría la normativa autonómica.
La inspección policial y los indicios de viviendas sin uso habitual
La inspección realizada la pasada semana por agentes de la Policía Local también observó un total de 26 buzones con apariencia descuidada y con abundante publicidad sin recoger, un indicador que se ha incorporado al conjunto de actuaciones remitidas para su análisis.
Estas comprobaciones se enmarcan en las diligencias previas abiertas para aclarar si el proceso de adjudicación se ajustó a los requisitos exigidos y si la ocupación real de las viviendas coincide con las personas beneficiarias.
La investigación judicial y las denuncias acumuladas
La instructora incoó el 11 de febrero diligencias previas para investigar la adjudicación de estas viviendas de protección pública tras recibir por reparto una denuncia de Manos Limpias por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Tras ese primer paso, el juzgado ha acumulado cuatro denuncias elevadas a la Fiscalía Provincial presentadas por Sumar y PSPV-PSOE, el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Vivienda de la Generalitat, y ha pedido documentación a las administraciones implicadas para reconstruir el proceso y sus decisiones clave.
Un pleno municipal tenso y choque político por la reprobación del alcalde
La decisión judicial ha coincidido en el mismo día en que el Ayuntamiento ha celebrado un pleno marcado por el enfrentamiento político. En esa sesión, los votos de PP y Vox han rechazado una declaración institucional presentada por PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem para reprobar al alcalde, Luis Barcala, por su responsabilidad en lo sucedido con el reparto de las viviendas de Les Naus.
El cruce de reproches llega en un contexto de fuerte presión pública y política por el impacto del caso, al tratarse de vivienda protegida en una zona especialmente cotizada de la ciudad.
Dimisiones y expedientes tras el caso de Les Naus
La controversia alrededor del reparto de estas 140 viviendas públicas ya ha derivado en dimisiones y expedientes internos. En este contexto, ha dimitido la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, además de una directora general municipal y un asesor de la Conselleria de Industria. También se han abierto expedientes a tres funcionarios, dos de ellos arquitectos municipales y otro técnico del departamento territorial de Vivienda en Alicante.
El residencial Les Naus, situado en una de las zonas más exclusivas del término municipal, cuenta con instalaciones como aparcamiento, piscina, gimnasio y dos pistas de pádel, y la oposición de izquierdas lo ha calificado como un conjunto “de lujo”, una valoración que ha alimentado el debate sobre el acceso a vivienda protegida en entornos de alto valor inmobiliario.
