El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante –formado por el PP– y los grupos de la oposición de izquierdas PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podem (EU-Podem) han lamentado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de reconocer a una empresa la obtención, por silencio administrativo positivo, de la licencia ambiental que solicitó en febrero de 2013 para instalar un centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el Puerto de Alicante.
Todos ellos se han mostrado contrarios a esta decisión, tras la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV tras un recurso de la empresa XC BUSINES 90 S.L., que revoca una sentencia anterior de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, fechada en febrero de 2022.
En concreto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha sostenido que se trata de “una mala noticia para Alicante” y ha aseverado que el equipo de gobierno local “ha defendido siempre, en todas las instancias y ante los tribunales, la no concesión de esa licencia”.
Asimismo, ha apuntado que ahora estudiarán la sentencia, que no es firme –cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV–, así como “las diferentes alternativas que se plantean en este momento, las actuaciones y decisiones a tomar”.
“Lo vamos a hacer pensando siempre en lo mejor para Alicante y los alicantinos. Es en este momento cuando se debe actuar con la mayor responsabilidad y obrando siempre en defensa de los intereses de Alicante”, ha aseverado el primer edil.
PSPV acusa a Barcala y Mazón de “no mover ficha”
Por su parte, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha recalcado que su grupo trasladó al alcalde que “no debía de esperar a la sentencia para sentarse a alcanzar un acuerdo con la empresa”, así como que pidiera al ‘president’ de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que “actuara y no se pusiera de perfil”.
“Ni uno ni otro han movido ficha. Con esta sentencia, que da la razón a la empresa, se cierra la puerta al posible acuerdo que las partes hubieran podido alcanzar, como ya lo hizo en su día Ángel Luna para desplazar los macrodepósitos a otra zona de la ciudad”, ha subrayado.
En este sentido, Barceló ha señalado que han “perdido una oportunidad para lograr acuerdos por la pasividad de Mazón, que dice defender a esta ciudad y que ha sido concejal del Ayuntamiento, y la pasividad del propio alcalde”.
“Barcala fue beligerante contra el Gobierno de Ximo Puig, mientras que ahora, sin embargo, ha guardado silencio ante la Generalitat Valenciana y ante la Autoridad Portuaria, autoridad que debe responder ante quien le ha puesto en el cargo, que no es otro que Mazón”, ha censurado.
Compromís pide mostrar rechazo en el pleno
Por su parte, el portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha pedido que este jueves, antes de iniciarse el Pleno ordinario del mes de abril, se convoque una reunión urgente de los portavoces municipales para “aprobar, nuevamente, la posición contraria del Ayuntamiento a los macrodepósitos”.
Igualmente, ha instado a Barcala a que se coordine con la Generalitat y Puertos del Estado y “paralice esta actividad peligrosa e incompatible con la actividad del Puerto, la vida de los alicantinos y el recién aprobado proyecto de Palacio de Congresos”.
“Vamos a seguir trabajando desde Compromís, con todas las administraciones, para parar esta instalación que hipotecaría el futuro de la ciudad. La solución es que el Ayuntamiento inste a la Generalitat a que se cumpla la distancia de seguridad de 1.000 metros, todavía vigente en la Ley de Calidad Ambiental, que impulsó Compromís en el gobierno del Botànic”, ha reclamado.
EU-PODEM ve “responsabilidad política” en el PP
Desde EU-Podem, su portavoz Manolo Copé ha acusado a Barcala y Mazón de estar “de brazos cruzados” y al PP de tener “la responsabilidad política” de llegar a la situación actual. “Estos macrodepósitos son un proyecto que no convence ni a la sociedad de la ciudad, ni a sus instituciones ni a ninguno de los grupos políticos que formamos parte de este ayuntamiento”, ha recalcado.
Además, ha recordado que para el pleno de este jueves su grupo ha presentado una declaración que pretendía que el Ayuntamiento “instara a la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), quien otorgó la concesión, a la revocación de la modificación de la concesión a la empresa XC BUSINESS 90 para la construcción de los macrodepósitos”.
“Los estudios de impacto ambiental y los análisis de riesgos deben llevarse a cabo con meticulosidad y deben realizarse. Hay que lograr ya un gran acuerdo como el que se firmó el 6 de marzo de 1995 entre el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Industria y Energía, la Autoridad Portuaria de Alicante y buscar la vía legal de parar esta propuesta aberrante”, ha urgido Copé, al tiempo que ha ironizado con que si se lleva a cabo el proyecto de depósitos “estará a mil metros de su nuevo flamante palacio de congresos”.
