Oltra: “La gestión de la renta garantizada de ciudadanía en Alicante se cierra con un incremento del número de usuarios del 84,6%”

La Conselleria de Igualdad ha resuelto en tres años prestaciones que ascienden al pago de más de 52 millones de euros en Alicante.

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La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que la gestión que en estos tres años ha hecho el Consell de la renta garantizada de ciudadanía en Alicante ha logrado cifras récords de 20.158 personas destinatarias, un 84,6% más que las que había en 2013, uno de los peores años de la crisis.

Oltra ha recordado que el próximo 23 de abril entra en vigor la nueva renta valenciana de inclusión, que mejorará el acceso a la prestación y la amplía la cuantía, y es el momento de hacer balance la ayuda garantizada de ciudadanía, que en estos tres años ha tenido una aplicación “mucho más eficiente” de la que hizo el antiguo gobierno, que fue el que la creó.

En este sentido, ha explicado que en el año 2013, cuando la crisis económica “golpeaba más fuerte a las personas”, los destinatarios de la renta garantizada en Alicante eran 10.919 una cifra que comenzó a despegar realmente en 2015 con la llegada del actual Consell, que en menos de 6 meses de gestión logró llegar a los 14.819 destinatarios.

Esta cifra ha seguido creciendo exponencialmente en los años siguientes, y así en 2016 se llegó a los 20.090 personas destinatarias y durante el año pasado la cifra creció hasta las 20.158.

Los datos de la gestión de estos últimos 3 años demuestran, que el Consell está cumpliendo su compromiso de “revertir el abandono de la renta por parte del antiguo gobierno” y evidencian una “marcada mejora” tanto en la gestión como en la implementación de la ley.

Otro dato que refleja la mejora de la gestión, tal y como afirma la vicepresidenta del Consell, es el crecimiento constante en los tres años del actual Consell de las prestaciones concedidas y que en términos generales ha supuesto un 69 por cien más respecto a 2015, puesto que el pasado año se concedieron un total de 11.129, frente a las 9,559 de 2016 y las 6.584 de 2015.

Para Oltra, este aumento en el número de prestaciones concedidas se debe a que el ritmo de gestión de las renovaciones de las ayudas es “mucho más ágil que antes”, lo que permite que muchas personas puedan cobrar “2 o 3 prestaciones al año”, favoreciendo así “una mayor continuidad de la prestación, proporcionando estabilidad a las personas”.

Al respecto, ha destacado los 52.698.524 euros que la Conselleria ha pagado en prestaciones durante los últimos tres años en Alicante, y también ha puesto en valor que la línea tuvo a lo largo del ejercicio 2017, 4 incrementos presupuestarios hasta alcanzar los 57,9 millones de euros globales en la Comunitat Valenciana, una cantidad que contrasta con el presupuesto que se destinaba a esta prestación en 2014 donde la renta tenía un presupuesto de 22,7 millones de euros.

Mejoras en tres años 

Oltra ha reivindicado la labor que se ha hecho en estos tres años para terminar con los retrasos que se acumulaba en el pago de esta prestación, y al respecto ha indicado que nada más llegar al Govern, concretamente en julio y en noviembre del 2015, la Conselleria aprobó sendas modificaciones presupuestarias que ascendían a un total de 2,4 millones de euros.

Entre los esfuerzo hechos, también ha resaltado la creación de nuevos puestos de funcionariales en las territoriales para intentar atender y reducir “el insostenible número de solicitudes no atendidas, de manera que en pocos meses, se logró reducir hasta los 15.545 la lista de espera.

Asimismo, ha recordado la decisión de considerar la renta como un derecho subjetivo, y la consiguiente declaración de esta partida presupuestaria como crédito ampliable, además de la aprobación de un decreto ley para agilizar trámites.

El decreto, además de agilizar los trámites administrativos, también considera a las direcciones territoriales dependientes de la Conselleria centros de atención directa,y que el plan familiar de inserción que deben elaborar los servicios sociales municipales no sea determinante para la concesión de estas ayudas, en aquellos casos en que los ayuntamientos se demoren más de dos meses en la redacción del plan.

Igualmente, mediante el decreto, los puestos de trabajo adscritos a la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía en las direcciones territoriales pasaron a tener la consideración de puestos de atención directa o cobertura prioritaria susceptibles de sustitución en el caso de que se produzca una baja o una vacante.
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Todas estas medidas, ha resumido la vicepresidenta , han permitido aumentar cada año las personas destinatarias de la renta con nuevas incorporaciones hasta lograr lograr que a final del año 2017 alcanzara la cifra récord de 20.158 personas destinatarias, de las que 8.417 tienen la condición de titular de la ayuda, y 11.741 son beneficiarias

En este sentido, la vicepresidenta del Consell ha querido agradecer al personal de la administración autonómica “el esfuerzo y la labor realizada a lo largo del pasado año para poder incluir más personas dentro del sistema de renta”.

Nueva ley de renta valenciana de inclusión 

Paralelamente, Oltra ha indicado que la ley de renta valenciana de inclusión, aprobada el pasado mes de diciembre, y que entrará en vigor el próximo 23 abril, incluye mejoras respecto a la actualmente vigente, como la ampliación y flexibilización de los requisitos para poder acceder a la ayuda, el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática.

El objetivo de la nueva normativa, según ha explicado, es ofrecer una “respuesta digna y de justicia” a las realidades carenciales, de vulnerabilidad y precarización que, a su juicio, han producido “un alarmante incremento de la exclusión social y un debilitamiento de la cohesión social en la Comunitat Valenciana”.

Con la nueva ley el importe de la prestación será, según el salario mínimo interprofesional a la que está referenciada, de 515,13 euros, en el caso de un titular, y 706,46 euros para una unidad familiar de cuatro personas, a lo que se sumaría un 25% en el caso de necesitar ayudas para vivienda y pobreza energética, con lo que la ayuda se elevaría a 643,91 euros en el caso de una persona y 883,08 euros en el caso de cuatro, frente a los 385 actuales.