El Grupo Municipal Socialista de Alicante ha registrado una enmienda a la totalidad a los presupuestos municipales de 2026. Su objetivo es blindar las inversiones en los barrios, garantizar los servicios públicos esenciales y facilitar el acceso a la vivienda. Consideran que el proyecto del equipo de gobierno no responde a las necesidades reales de la ciudad.
La portavoz socialista, Ana Barceló, defiende que Alicante “necesita un presupuesto alternativo” porque las cuentas presentadas “no resuelven los principales problemas de la ciudad”. Además, requieren partir de cero para construir un nuevo modelo presupuestario basado en al menos una decena de ejes estratégicos, según recoge la enmienda registrada.
Desde el grupo mayoritario de la oposición sostienen que resulta imposible corregir el proyecto del gobierno de Luis Barcala mediante enmiendas parciales. Entienden que el presupuesto incorpora recortes, ingresos inciertos y gastos por debajo de las inversiones reales. Esto impide una planificación eficaz. En este sentido, Barceló afirma que “este presupuesto no impulsa Alicante, la detiene”. Además, lejos de corregir los problemas estructurales de la ciudad, “los agrava”, manteniendo una dinámica de «improvisación» y proyectos que se repiten año tras año sin ejecutarse.
Diez ejes programáticos
La enmienda a la totalidad plantea la devolución del proyecto presupuestario y la elaboración de unas cuentas alternativas. Estas incluirían, entre otros aspectos, un plan para facilitar el acceso a la vivienda y un plan de barrios con inversiones finalistas por distrito. También se incluyen medidas para garantizar la estabilidad de los servicios sociales vinculados al contrato-programa, la recuperación de un plan de igualdad con concejalía propia y actuaciones específicas para personas mayores y juventud.
El documento también propone un plan realista de ejecución de inversiones, con calendarios de licitación y seguimiento trimestral. Además, incluye un plan de contratación de servicios públicos esenciales para evitar interrupciones derivadas de contratos caducados. Se aboga por reforzar las plantillas municipales en áreas clave como Servicios Sociales, Urbanismo, Recaudación, Contratación e Intervención. También se debe desarrollar un plan de infraestructuras educativas, desplegar una agenda medioambiental transversal, elaborar un plan estratégico de subvenciones y proteger la memoria democrática.
La enmienda se apoya asimismo en las advertencias de la Intervención municipal sobre el riesgo de incumplir la regla de gasto. También señala las deficiencias del plan de inversiones plurianual, donde han desaparecido compromisos para el próximo ejercicio, como las instalaciones deportivas en PAU 4 y PAU 5. Según los datos expuestos, en 2024 solo se ejecutó el 39 % del total de inversiones, una cifra que, a juicio del grupo socialista, evidencia un problema estructural de gestión.
Servicios sociales y vivienda
El texto denuncia también que el presupuesto no garantiza la financiación necesaria para mantener los servicios sociales del contrato-programa. Recuerda el precedente del despido de 175 trabajadores y que no se contempla una partida específica para reabrir el centro de estancias diurnas de Plaza América, dotado únicamente con 1 euro. En este contexto, se destaca el aumento de partidas simbólicas con esa misma cuantía, que pasan de 212 líneas en 2025 a casi 300 en 2026.
En materia de vivienda, el presupuesto del Patronato Municipal de la Vivienda recorta las inversiones en vivienda pública en un 34 %. Mientras que los presupuestos participativos de los distritos se reducen un 60,31 % en dos años. Pasan de más de 2 millones de euros en 2024 a 900.000 euros en 2026. Con estas cifras, el grupo socialista concluye que solo se destina un 5,76 % del presupuesto municipal a inversiones capaces de impulsar la transformación social, económica y ambiental de la ciudad.
Finalmente, la enmienda alerta de que las cuentas no son realistas al incluir ingresos sobredimensionados, vinculados a contratos como la ORA, la grúa o los residuos, que siguen pendientes de licitar. Además, señala el incremento de previsiones por multas de tráfico (39,34 %), estacionamiento regulado (114 %) y autogrúa (15 %). Lo destaca frente a una reducción del 45,16 % en las sanciones por infracciones urbanísticas. Un dato que, según el grupo socialista, refleja una falta de voluntad para hacer cumplir la legalidad urbanística en Alicante.
