El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en el mes de diciembre a 37.950 hogares de la provincia de Alicante, en los que residen 115.224 personas, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cuantía media de la prestación se ha situado en 536,36 euros por unidad familiar. Esta consolidación hace de la ayuda uno de los principales instrumentos de protección social en el territorio.
El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha destacado el papel del IMV como “una política pública esencial para garantizar la cohesión social y reducir las desigualdades económicas en nuestra provincia”. Según ha señalado, la prestación “no solo actúa como una red de seguridad para las personas más vulnerables, sino que también contribuye a ofrecer estabilidad a miles de familias alicantinas. Especialmente a aquellas con menores a su cargo”.
Nieves ha subrayado además que “el IMV es una herramienta clave para avanzar hacia una sociedad más justa, en la que ninguna persona quede atrás por falta de recursos”, poniendo en valor el refuerzo sostenido de las políticas de protección social impulsadas por el Gobierno de España.
Protección reforzada para hogares con menores
El diseño del Ingreso Mínimo Vital contempla un incremento de la cuantía en función del número de menores que integran la unidad de convivencia. En la provincia de Alicante, un total de 45.927 menores de edad se han visto protegidos por esta prestación durante el mes de diciembre.
A esta cobertura se suma el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que ofrece un apoyo económico adicional por cada hijo o hija a cargo. En concreto, 25.685 hogares de la provincia han percibido de forma conjunta el IMV y el CAPI. Esto refuerza la protección de las familias con hijos en situación de vulnerabilidad.
Requisitos generales para solicitar el IMV
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad económica. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la composición y circunstancias de cada unidad de convivencia. Constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Entre los requisitos generales, se exige haber residido legalmente en España de forma efectiva y continuada durante al menos el año anterior a la solicitud. También se debe acreditar el empadronamiento en el domicilio habitual. Además, la persona solicitante y el conjunto del hogar deben carecer de ingresos o patrimonio suficientes.
El IMV es compatible con las rentas del trabajo e incorpora incentivos dirigidos a favorecer la inserción laboral. Asimismo, el sistema de doble revisión de ingresos permite a las familias conocer con antelación la actualización de la prestación.
De cara a 2026, las cuantías del Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 11,4%, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley de revalorización de pensiones y otras prestaciones públicas. Se busca garantizar la suficiencia económica de los hogares beneficiarios.
