El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha denunciado que la ciudad “se quedará a partir del 1 de enero sin 44 policías locales interinos por la falta de planificación de la Concejalía que dirige José Ramón González, que no ha convocado en tiempo y forma la oferta de empleo que aprobó el equipo de gobierno el pasado mes de septiembre, donde se contemplaba la incorporación de 89 agentes”.
Según han indicado los socialistas en un comunicado, ya en agosto el Grupo Municipal Socialista, a través de su portavoz, Paco Sanguino, reclamó que se pusiesen en marcha procesos selectivos para la urgente ampliación de la Policía Local de Alicante.
Por su parte, El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González, culpó ayer a la Generalitat del cese de 44 agentes interinos de la Policía Local a partir del 1 de enero, “por la nula previsión para legislar sobre la continuidad de las plantillas y los funcionarios interinos”. Según precisó González, los ayuntamientos no establecen la legislación por la que se regula a las policías locales de la Comunidad Valenciana, “y esto debería saberlo el señor Sanguino”, dijo ayer, saliendo al paso de unas declaraciones del portavoz municipal socialista en las que responsabiliza al Ayuntamiento de los problemas con la plantilla.
El edil de Seguridad recordó que el equipo de gobierno ha aprobado las convocatorias de las Ofertas de Empleo Público de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, con 101 plazas, y criticó que durante el mandato del tripartito y del PSOE “los partidos de izquierdas fueran incapaces durante tres años de convocar ni una sola plaza». Tanto González como el diputado popular por Alicante en las Cortes, José Antonio Rovira, pidieron ayer el «cese fulminante” del secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, al que consideran responsable del “cúmulo de despropósitos del gobierno del Botànic en la gestión de las policías locales de los ayuntamientos de la Comunidad”.
Los dirigentes culpan a Ángel de establecer una regulación legal que “impide en la práctica a los municipios contar con las plantillas que necesitan para garantizar el servicio que se presta a los ciudadanos”. Sostienen que la normativa “maniata a los ayuntamientos y se dedica a poner palos en las ruedas de los esfuerzos de los municipios» desde la entrada en vigor de la regulación autonómica 17/2017”. Rovira recordó que el PP votó en las Cortes a favor de una solución transitoria y urgente para evitar que los ayuntamientos de la Comunidad pierdan 1.500 efectivos policiales, de ellos 400 en la provincia de Alicante. “Pero esa enmienda no evita que tengamos que cesar y volver a contratar a los policías interinos”, concluyó.
