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Efectos secundarios en la Guardia Civil

El Secretario General Provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Francisco Javier García Gomez opina sobre la falta de información de la segunda dosis.

Como es sabido, el mundo entero se encuentra inmerso, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en un proceso de vigilancia y contención de una epidemia ante el virus COVID-19, comúnmente llamado coronavirus, cuyo origen está en la ciudad china de Wuhan, habiendo tenido ya en España miles de casos confirmados y de fallecidos, entre ellos personal que se encuentra en primera línea de lucha como personal sanitario, policías y guardias civiles.

Durante la crisis sanitaria se han ido adoptando por parte de las autoridades sanitarias diversas medidas de contención así como modificando los protocolos de actuación, hasta llegar al momento de proceder a la vacunación de la ciudadanía con el fin de lograr «la inmunidad de rebaño» y poder así contener al máximo la expansión del virus.

Para comenzar la vacunación las autoridades sanitarias idearon una estrategia en la que establecieron una calendarización comenzando con residentes y personal de residencias de mayores, siguiendo por el personal esencial y posteriormente por diversos tramos de edad, así en el mes de febrero y marzo se comenzó a administrar las primeras dosis de la vacuna a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otros colectivos, determinándose que se administraría la Astrazeneca.

Durante el proceso de vacunación, sobre esta y otras vacunas se ha ido conociendo a través de los canales oficiales de las autoridades sanitarias, pero también a través de los medios de comunicación y redes sociales diversas informaciones, tanto de sus ventajas como de los efectos secundarios, entre ellos algunos casos de trombos, que aunque en un primer momento se paralizó su administración.

Finalmente no se impidió que la inoculación de la segunda dosis de esta vacuna se realizara en el personal que ya recibió la primera dosis, si bien se le dio la opción a renunciar a la vacuna Pfizer, que fue la elegida por Sanidad para finalizar la pauta de vacunación. Por lo que la gran mayoría de los que ya habían recibido la primera dosis de Astrazeneca, se decantaron por finalizar la pauta inoculándose la segunda dosis de dicha vacuna. 

Sobre esto cabe decir que, la información recibida sobre las ventajas o inconvenientes de administrar esta u otra vacuna, ha sido muy deficiente, limitándose a entregar en el momento de la vacunación un formulario de consentimiento informado que deben firmar todos los interesados. Este consentimiento informado está definido por el art. 3 de la Ley 41/2002 como “la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecte a su salud”. 

Esta información adecuada no se ha realizado correctamente motivando que algunos tomen la decisión de recibir una vacuna u otras sin conocer verdaderamente las consecuencias tanto positivas como negativas de cualquiera de ellas, sobretodo con la administración de la segunda dosis. Hemos sido testigos de la falta de organización por parte de las autoridades sanitarias, viendo como se producía la cita para la vacunación de un día para otro, produciéndose diversas situaciones anómalas, como casos de agentes que fueron citados para ser vacunados en antiguos destinos que están fuera de la provincia o en municipios diferentes.

Algunos recibieron cita para administrarse la segunda dosis a pesar de haber recibido la primera y habiendo pasado el COVID-19, lo que según las instrucciones del Ministerio de Sanidad no debía producirse, ya que en estos casos se consideran inmunizados con sólo recibir una dosis.

Otros agentes fueron citados para ser vacunados en otras comunidades autónomas además de en la Comunidad Valenciana, incluso después de recibir la segunda dosis, evidenciando la falta de coordinación entre las distintas Comunidades Autónomas, motivado quizá por las competencias asumidas por éstas. Pero también hay casos de personal que no han recibido la cita aun o incluso ni tan siquiera figuran en las Bases de datos de Sanidad de las distintas CCAA, habiéndose cometido errores en el traspaso de datos de las distintas mutualidades de funcionarios con la Seguridad Social.

En definitiva, siendo una crisis a nivel mundial y habiéndose determinado una estrategia nacional para paliar y contener la expansión del virus, aun entendiendo que se trataba de una nueva situación nunca vivida, se ha evidenciado la falta de centralización y falta de comunicación entre las distintas administraciones y Comunidades Autónomas, falta de organización, y de información a los trabajadores y servidores públicos, echando en falta quizá, mayor margen de toma de decisiones en la dirección de la lucha contra el virus por parte de la comunidad científica y dejar atrás ciertos protagonismos políticos.

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