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jueves, diciembre 11, 2025

Educación sostiene que el calor en las aulas ‘no es nuevo’ y anuncia un plan de confort térmico

La Conselleria ha iniciado la elaboración de un diagnóstico adaptado a cada centro y recuerda que la Unión Europea exigirá edificios climáticamente neutros a partir de 2030

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha confirmado que trabaja en la elaboración de un Plan de Confort Térmico en los centros educativos de la Comunitat Valenciana. El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, ha explicado que el plan se basará en un diagnóstico previo en cada colegio e instituto, teniendo en cuenta tanto sus características constructivas como las condiciones de la zona.

Larena ha recordado que los sindicatos reclamaron esta medida en 2018 sin que el anterior gobierno autonómico llegara a impulsarla. Ha insistido en que el actual Consell “sí tiene voluntad de solucionarlo” y ha subrayado que será necesario el apoyo del Ministerio de Educación para contar con financiación, tras la solicitud realizada en junio por el conseller José Antonio Rovira.

El anuncio se produce un día después de que CGT Ensenyament denunciara ante Inspección de Trabajo que los centros educativos continúan sin protocolos frente a episodios de calor extremo. Según el sindicato, en numerosas aulas se han superado los 27 ºC establecidos como límite en espacios de trabajo, alcanzando hasta 34 ºC, lo que supone una vulneración “flagrante” de la normativa de prevención de riesgos laborales. La organización advirtió que la situación se agrava por la falta de infraestructuras adaptadas, la ausencia de criterios bioclimáticos y la imposibilidad de ventilar adecuadamente, a lo que se suma que los pocos equipos de refrigeración se concentran en despachos y no en las aulas.

Desde CGT remarcaron que la exposición a estas condiciones ya ha provocado casos de mareos, lipotimias y desmayos entre alumnado y profesorado, además de un impacto directo en el rendimiento escolar y laboral. El sindicato reclamó protocolos claros, inversiones específicas y la dotación de fondos como los que ya han aprobado comunidades como Catalunya, o medidas urgentes como las que Inspección de Trabajo ha exigido en Madrid.