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sábado, diciembre 27, 2025

Ecologistas recurren ante el TSJCV la concesión de la parcela donde se proyectan los depósitos del puerto

Ecologistes en Acció toma esta decisión justo una semana después de que el Ayuntamiento de Alicante solicitara ante el TSJCV la nulidad de la licencia ambiental

La Colla Ecologista d’Alacant-Ecologistes en Acció ha interpuesto este jueves un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la modificación sustancial de la concesión otorgada a Terminales Marítimas del Sureste SA para autorizar la cesión del uso de una parcela a favor de XC Business 90 SL, empresa que pretende instalar macrodepósitos de combustible en el Puerto de Alicante.

En el escrito presentado ante el alto tribunal valenciano, consultado por Europa Press, la agrupación ecologista recurre el acuerdo de 25 de julio de 2019 del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) por el que se dio luz verde a dicha modificación sustancial.

Ecologistes en Acció toma esta decisión justo una semana después de que el Ayuntamiento de Alicante solicitara ante el TSJCV la nulidad de la licencia ambiental –reconocida en abril de 2024 por silencio administrativo positivo– para instalar dicha planta de almacenamiento de combustible.

El consistorio quiere que se suspenda la ejecución de la sentencia que permite a la compañía instalarlos, con el fin de «evitar un perjuicio irrecuperable». Entre otras cosas, argumenta que ese fallo «no ha tenido en cuenta la inconstitucionalidad –decretada en 2022– del artículo de la ley autonómica que establecía dicho silencio administrativo positivo en licencias ambientales».

De otro lado, el pasado diciembre, la APA insistió en mantener «un frente común y alineamiento» con el Ayuntamiento, la Generalitat y la ciudadanía para «frenar la instalación» de los macrodepósitos.

Así lo manifestó tras la inadmisión, por parte del Tribunal Supremo (TS), del recurso municipal a la licencia. El alcalde Luis Barcala ya avanzó que el consistorio quiere «agotar todas las posibilidades para que no se instalen» y que incluso ve «preferible» pagar una indemnización a la mercantil que quiere impulsarlos si fuera necesario.