El lunes 30 de septiembre dará inicio en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alcoy el juicio que busca esclarecer las responsabilidades detrás de las trágicas muertes ocurridas en la residencia Domus Vi de Alcoy durante la pandemia de la Covid-19. Entre marzo y abril de 2020, 74 personas fallecieron en el centro, 73 de ellas residentes y una perteneciente al centro de día, lo que representa el 53% de los usuarios del establecimiento. Esta cifra alarmante hizo que la residencia se convirtiera en uno de los puntos más críticos del país en cuanto al impacto del virus en geriátricos, una situación que ha dejado un dolor profundo y muchas preguntas sin respuesta entre los familiares de las víctimas.
“Sabemos que el juicio será duro, pero es necesario”, comenta José Luis García, presidente de la Asociación de Familiares Afectados de las Residencias Domus Vi Alcoy y Cocentaina. “Las sensaciones son encontradas: por un lado, estamos deseando que llegue el día, pero también sabemos que reviviremos momentos terribles. Hay familiares que han decidido no asistir al juicio porque emocionalmente no lo podrían soportar”. Estas palabras reflejan la angustia y el anhelo de justicia que ha movido a este grupo de familiares a mantenerse unidos desde los primeros momentos de la tragedia.
Una cronología marcada por la búsqueda de justicia
La tragedia de Domus Vi no solo dejó una marca emocional imborrable en los familiares de las víctimas, sino que también impulsó un largo y complicado proceso legal. En septiembre de 2020, los afectados organizaron una protesta a las puertas del centro para visibilizar su dolor y exigir respuestas. En junio de ese mismo año, la Plataforma de Familiares Afectados se convirtió oficialmente en Asociación, lo que permitió iniciar los trámites legales de manera más efectiva.
El 14 de octubre de 2021, la Asociación presentó la demanda ante el Juzgado de Alcoy, siendo 18 los familiares que buscan justicia por las muertes de 15 personas y las lesiones sufridas por 3 más. La demanda se dirige contra la empresa gestora Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U., y la aseguradora Mapfre España.
El proceso ha estado plagado de dificultades, desde la falta de información completa hasta la presentación de documentos incompletos por parte de la defensa. En septiembre de 2023, se celebró la vista previa del juicio, en la que se estipuló la fecha del 19 de febrero de 2024 para el inicio del juicio. Sin embargo, la falta de documentación pertinente llevó a que se aplazara hasta el 30 de septiembre, día en que finalmente comenzarán las audiencias.
El juicio: una batalla legal contra dos gigantes
El juicio promete ser intenso y extenso. Con más de 30 testimonios, tanto de testigos como de peritos, el proceso está previsto que se extienda hasta el 10 de octubre. A pesar de las dificultades enfrentadas, los abogados de la Asociación de Familiares se muestran optimistas y confían en que el juicio permitirá conocer la verdad sobre lo ocurrido en Domus Vi Alcoy. “Esperamos que en el juicio se sepa todo lo que pasó, desde el primer contagio hasta la última muerte”, señala García.
Por otro lado, la defensa de Quavitae y Mapfre estará centrada en negar cualquier responsabilidad directa, basándose en la dificultad para probar dolo en una situación de pandemia global. Sin embargo, los familiares esperan que el juicio arroje luz sobre la gestión del centro durante los meses más duros de la pandemia, donde, según se ha alegado, hubo fallos en la implementación de protocolos adecuados de aislamiento y desinfección.
Una demanda civil pionera en España
Este caso es el primero en España en llegar a juicio en el ámbito civil por las muertes de ancianos en residencias durante la pandemia, y las indemnizaciones que se reclaman superan los dos millones de euros. Pero más allá de lo económico, lo que realmente buscan los familiares es el reconocimiento de responsabilidad y justicia para sus seres queridos. “No es solo el dinero, es saber qué ocurrió, por qué en este lugar murieron tantos residentes cuando en otros lugares no fue así”, afirma Juan Valls, secretario de la Asociación.
Este juicio civil se produce después de que otras vías, como la penal, no prosperaran en otros puntos de España debido a la dificultad de demostrar intenciones dolosas en la gestión de la pandemia. La demanda penal en Madrid o Cataluña tampoco fructificó, lo que llevó a los abogados de los afectados en Alcoy a recomendar la vía civil como la más efectiva para conseguir alguna forma de reparación.
El papel de la Generalitat y la falta de apoyo institucional
A lo largo de estos años, los familiares también han sentido el abandono institucional. “Nos hemos sentido completamente solos. Ni siquiera desde la Conselleria de Sanidad nos han dado acceso a las inspecciones que dijeron haber realizado en la residencia. No hay ningún documento”, explica García, quien también destaca que la residencia ya había sido multada con 40.000 euros por incumplir la ratio de personal en 2019.
Pese a este escenario, en abril de este año, el President de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció la creación de una comisión de investigación para aclarar lo ocurrido en Domus Vi. Sin embargo, a día de hoy, no se ha avanzado en la puesta en marcha de dicha comisión.
Una herida abierta para las familias
Para las familias de las víctimas, este juicio representa no solo una batalla legal, sino una forma de cerrar un capítulo de dolor que lleva abierto casi cinco años. “Queremos justicia para nuestros seres queridos”, insisten, y esperan que los días que están por venir en el juzgado sirvan para aclarar lo sucedido y para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que ellos han vivido.
El juicio de Domus Vi Alcoy es un recordatorio de las devastadoras consecuencias que tuvo la pandemia en los sectores más vulnerables de la población y del largo camino que muchos han recorrido para buscar justicia en medio de un sistema que, en muchos casos, no estuvo a la altura.
