La vicepresidenta segunda y diputada de Administración General, Marina Sáez, ha defendido hoy el cierre de la Comisión de Investigación sobre el examen de oposición para auxiliares administrativos convocado por la Diputación el pasado 8 de febrero al considerar, desde el equipo de gobierno, que en las reuniones celebradas «hasta ahora se ha aportado toda la documentación requerida y se han dado todas las explicaciones necesarias para esclarecer lo sucedido».
“Desde el equipo de gobierno de la institución provincial propusimos ayer, y así se acordó, el cierre de esta Comisión porque todos los integrantes de la misma ya han tenido acceso al expediente de forma íntegra, así como a los exámenes, al tiempo que han comparecido técnicos de informática y miembros del tribunal examinador explicando los motivos del error”, ha detallado Sáez, quien ha insistido en que “tanto desde el punto de vista documental como objetivo ya estaba todo puesto a disposición de la propia Comisión y de los diputados”.
En este sentido, la diputada del Grupo Popular, miembro de la Comisión de Investigación, ha sostenido que ha habido “absoluta transparencia en todo el proceso” y la “máxima voluntad” de esclarecer lo sucedido, que ha vuelto a achacar a un error que ya se subsanó repitiendo la prueba.
Por ello, ha recordado, además, que la propia Agencia Antifraude acordó hace casi dos meses el archivo de la denuncia sobre las presuntas irregularidades en el examen de oposición al entender que ésta perdía razón de ser al haber sido repetida la prueba.
Tres reuniones
“Durante las tres reuniones que se han celebrado de la Comisión de Investigación han comparecido todos, incluida la diputada de Recursos Humanos, que ha estado presente en todas las sesiones y que ha estado totalmente dispuesta a aclarar cualquier duda”, ha manifestado Marina Sáez para justificar el rechazo a la celebración de una nueva sesión en la que los grupos de la oposición PSOE y Compromís solicitaban la comparecencia de la responsable de Recursos Humanos, Lourdes Llopis.
“La diputada ha estado presente en todas las reuniones de la comisión y ha dado todas las explicaciones oportunas, por lo que, si hasta la fecha no han requerido nada más de ella, no entendíamos esa comparecencia”, ha explicado la vicepresidenta segunda.
Marina Sáez ha afirmado, asimismo, que el cierre de la Comisión de Investigación fue respaldado por la propia presidenta de este órgano, la diputada socialista Pilar Díaz, “porque ella misma consideraba que ya no había nada más que investigar, como así consta en el acta de la última reunión celebrada ayer”, al tiempo que ha rechazado que haya habido “ningún tipo de boicot político ni técnico” en las convocatorias de las sesiones ya que estas se han realizado siguiendo los procedimientos habituales.
La diputada popular ha acusado al Grupo Socialista de “querer sacar rédito político” de esta cuestión “generando dudas y viendo fantasmas donde no los hay”. Por ello, ha insistido en la conveniencia de cerrar una comisión “que ya ha realizado su cometido, porque desde el punto de vista objetivo y documental ya estaba todo aportado”. “Si desde la oposición siguen viendo mala intencionalidad en lo acontecido se deberán dirigir ya a instancias superiores, porque nosotros estamos absolutamente tranquilos porque no hay que ocultar”, ha apuntado.
Asimismo, la vicepresidenta ha lamentado que el Grupo Socialista cuestiones en Alicante este procedimiento cuando “la actualidad del enchufismo en las diputaciones está en la de Badajoz, donde sin ningún tipo de pudor se colocó al hermano de Pedro Sánchez. ¿Qué tiene que decir el PSOE de esto? ¿Se ha abierto alguna comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido? Seguro que no, porque este tema es un escándalo y lo saben”, ha concluido Sáez.
Cierre «unilateral»
Por su parte, el grupo socialista ha expresado su «más enérgico rechazo» ante la decisión del gobierno de la Diputación de «cerrar de forma unilateral» la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades detectadas en el examen de oposición para 58 plazas de auxiliares administrativos celebrado el pasado 8 de febrero y repetido el 1 de marzo.
«Desde el inicio, el PSOE ha defendido la necesidad de esclarecer los hechos y depurar responsabilidades en un proceso que, según múltiples indicios, podría haber estado amañado. Más de la mitad de las preguntas del examen presentaban un justificado diferente que señalaba las respuestas correctas, lo que levantó sospechas de manipulación por parte de la institución provincial gobernada por el PP», ha asegurado la formación en un comunicado.
Los socialistas, al contrario de la «transparencia» defendida por el ejecutivo de la Diputación, han acusado al PP de «impedir el avance de la investigación» al «obstaculizar sistemáticamente» sus peticiones de «acceso a documentación clave, como el expediente del proceso selectivo, los exámenes realizados y la relación de personas que intervinieron en la elaboración e impresión de la prueba».
«No han aportado garantías suficientes»
Según el diputado socialista José Ramiro Pastor, dos miembros de la comisión técnica del tribunal de la oposición, que comparecieron en este órgano para ofrecer explicaciones sobre el proceso de elaboración del examen, reconocieron «que se equivocaron al confeccionar las preguntas marcadas, pero no han aportado garantías suficientes ni explicaciones convincentes que aclaren cómo se produjo ese supuesto error».
Pastor ha subrayado que «parte de la documentación facilitada por la Diputación estaba incompleta o era meramente ejemplificativa». «Por ejemplo, los documentos con las preguntas eran simples copias, lo que impide verificar si fueron manipulados previamente. Esto demuestra una falta absoluta de transparencia y de voluntad política de esclarecer los hechos», ha añadido.
Según Pastor, «la comisión ha sido claramente ninguneada por el equipo de gobierno del PP». «Se había acordado continuar con las comparecencias en una próxima sesión, en la que debía intervenir la diputada de Recursos Humanos, María José Llopis. Sin embargo, se ha decidido cerrar la comisión de forma precipitada, ignorando ese compromiso. Cuando hemos solicitado que compareciera, el PP se ha negado alegando que ya se habían dado todas las explicaciones posibles», ha apuntado.
«Se han limitado a justificarlo todo como un simple error humano, sin abrir ningún expediente informativo ni asumir ninguna responsabilidad. Estamos hablando de un perjuicio económico superior a los 10.000 euros por la repetición del examen y aun así se pretende cerrar el caso como si no hubiera pasado nada», ha añadido el diputado del PSPV.
Para el grupo socialista, «el cierre abrupto de la comisión, sin haber esclarecido los hechos ni depurado responsabilidades, supone un grave atentado contra la transparencia y la confianza en las instituciones públicas».
«El PSOE exige al presidente de la Diputación, Toni Pérez, que dé explicaciones públicas sobre esta decisión y sobre las medidas que piensa adoptar para garantizar la integridad de los procesos selectivos en la institución», han afirmado los socialistas, que han avanzado que «continuarán trabajando para que se restablezca la confianza de la ciudadanía» en la administración provincial.
