La Diputación de Alicante ha defendido su actuación en la convocatoria del Bono Comercio y ha rechazado cualquier responsabilidad sobre la gestión posterior de estas ayudas, al considerar que esa fase no correspondía a la institución provincial. El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha mostrado “su máximo respeto por las actuaciones policiales y judiciales que se están llevando a cabo” y ha querido precisar cuál ha sido, según ha explicado, el papel de la administración provincial desde la puesta en marcha de estas convocatorias en 2021.
Según ha señalado Pastor, la Diputación se ha limitado a canalizar, mediante convocatorias públicas, los fondos destinados a los ayuntamientos de la provincia que decidieron adherirse al programa. A partir de ese momento, según ha defendido, cada consistorio asumía de manera autónoma la gestión de las ayudas y la fórmula con la que decidía tramitarlas.
El responsable provincial ha precisado además que la subvención asignada a cada ayuntamiento estaba vinculada a la población empadronada y debía destinarse exclusivamente a financiar el Bono Consumo, en la proporción que determinara cada municipio. En este sentido, ha remarcado que esos fondos no podían emplearse para sufragar los costes derivados de la gestión administrativa del programa.
La Diputación insiste en que el coste de gestión no era subvencionable
Pastor ha explicado que, en la fase de justificación, los ayuntamientos debían acreditar únicamente el importe total concedido en bonos al consumo y no los gastos asociados a la gestión del servicio. Por ello, ha insistido en que la Diputación “nada tiene que ver con entidades de gestión o intermedias” que pudieran haber participado en la tramitación en aquellos municipios que optaron por recurrir a ellas.
A juicio del diputado, el procedimiento seguido por la institución provincial ha sido “totalmente transparente y ajustado a la legalidad”. También ha defendido que el mecanismo aplicado en estas convocatorias es el mismo que se utiliza en otras líneas de ayudas impulsadas por la Diputación, por lo que considera que no tiene sentido promover una comisión de investigación sobre una materia que, según mantiene, queda fuera de sus competencias.
Estas declaraciones llegan después de que Compromís haya reclamado este lunes una comisión de investigación. Sobre esta petición, Pastor ha cargado contra la formación y ha calificado de “vergonzosas” las acusaciones vertidas contra la institución. Según ha manifestado, sus representantes conocen el procedimiento aplicado y, pese a sus críticas, continúan defendiendo que el bono vuelva a ponerse en marcha por sus efectos positivos sobre el comercio local y los consumidores.
El diputado ha acusado además a Compromís de “tergiversar los datos” para poner en duda la actuación de la Diputación y cuestionar, “sin pruebas ni criterio”, el trabajo de los funcionarios de la casa. En este contexto, ha enmarcado la polémica en una estrategia de desgaste político contra la institución provincial.
Defensa de las ayudas a la Cámara de Comercio de Alicante
Carlos Pastor también ha salido en defensa del conjunto de ayudas que la Diputación concede a la Cámara de Comercio de Alicante, al sostener que todas ellas persiguen la promoción del empleo y el impulso económico de la provincia. Entre ellas ha citado el apoyo a Alicante Gastronómica, un certamen que, según ha destacado, se ha consolidado como un referente del sector y como un motor de actividad económica.
El diputado ha recordado que la colaboración con este evento se remonta a su primera edición, celebrada en 2018, durante la legislatura presidida por César Sánchez. En su intervención, ha lamentado que partidos con representación en la Diputación centren su discurso en cuestionar ayudas que, según ha defendido, buscan reforzar el tejido productivo de la provincia y favorecer la creación de empleo.
