Tres hogares vulnerables afrontan un desahucio el próximo 10 de marzo en Alicante, una jornada en la que, según denuncia el Sindicat de Barri, una madre con tres hijos menores, un matrimonio mayor y una familia con un menor diagnosticado con TEA serán expulsados de sus viviendas por procedimientos impulsados por empresas propietarias de los inmuebles. Desde el colectivo advierten de que se trata de “tres desahucios en un día” que, a su juicio, evidencian la gravedad de la situación habitacional.
Según explica la organización, las tres situaciones afectan a personas con certificados oficiales de vulnerabilidad o con circunstancias médicas o familiares que agravan su situación. El sindicato alerta de que estos lanzamientos reflejan el agravamiento de la emergencia habitacional en la ciudad y sostiene que “la incertidumbre y la amenaza inminente de desahucio tienen un impacto directo en la salud física y emocional de los menores”.
La primera de las situaciones afecta a una madre soltera con tres hijos menores de 4, 8 y 16 años, que vive en una vivienda propiedad de Nestar Homes / Brisa Homes, empresa que gestiona más de 9.500 viviendas en alquiler en España. La familia cuenta con certificado de vulnerabilidad y, según explican desde el colectivo, el riesgo de perder el hogar está teniendo impacto en la salud emocional de los menores, especialmente en la hija mayor. Desde el sindicato señalan que este extremo queda acreditado en comunicaciones del equipo de orientación psicológica del centro educativo, donde se advierte de que la situación “tiene un impacto directo en la salud física y emocional de los menores, especialmente en la hija de 16 años”.
Un matrimonio mayor con problemas de salud también afronta el lanzamiento
El mismo día está previsto el desahucio de Ahmed, de 66 años, y su mujer, que residen desde hace 12 años empadronados en su vivienda. El procedimiento ha sido impulsado por Activos Rome S.L, empresa con sede en Murcia.
El sindicato explica que el matrimonio afronta el desalojo después de que el alquiler se incrementara más del doble. Ahmed cuenta con informes médicos que acreditan enfermedades incapacitantes y dispone también de certificado de vulnerabilidad.
Según consta en la resolución judicial citada por el colectivo, el juez señala que “no existe cobertura ni amparo legal alguno”, ya que el Real Decreto-ley 2/2026 que se había invocado “no ha sido convalidado en el Congreso de los Diputados y ha quedado sin efecto”.
Desde el sindicato subrayan que este caso representa “la primera víctima registrada de la derogación del escudo social del pasado 28 de febrero”, una circunstancia que, a su juicio, deja a muchas familias sin protección frente a los desalojos.
Una tercera familia con un menor con TEA también será desalojada
El tercer caso corresponde a una mujer que convive con su expareja y su hijo menor diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Según denuncia el sindicato, los tres serán expulsados de la vivienda ese mismo día.
Desde la organización sostienen que estos tres casos evidencian la presión que sufre el acceso a la vivienda en Alicante y critican el actual modelo de promoción de vivienda protegida en la ciudad. A su juicio, la “emergencia habitacional asola Alicante”, una situación que, según afirman, se produce mientras aparecen nuevas piezas del caso de las Viviendas de Protección Pública (VPP) en el ejecutivo municipal.
Críticas al modelo de vivienda pública
El Sindicat también cuestiona el sistema de promoción de Vivienda de Protección Pública (VPP) impulsado en el marco del Plan Vive, al considerar que beneficia principalmente a grandes promotores.
Según defienden desde la organización, de las 220 viviendas previstas en cinco parcelas de la ciudad, solo 26 pasarían a manos de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVhA), lo que supondría aproximadamente un 11 % del total. Desde el colectivo sostienen que este modelo “regalará a grandes fortunas valencianas recursos públicos en forma de territorio y parque inmobiliario para ampliar ‘stocks’ privados”.
El colectivo sostiene que el actual modelo de políticas de vivienda favorece la expansión del parque inmobiliario privado mientras, a su juicio, muchas familias continúan en riesgo de perder su hogar.
El sindicato reclama frenar los desahucios de familias vulnerables
Ante esta situación, el Sindicat reclama medidas urgentes para frenar los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad. Entre sus demandas figura la regulación del precio del alquiler, la implantación de contratos indefinidos de arrendamiento y la suspensión de los desahucios de familias vulnerables.
Desde la organización denuncian que las políticas actuales están diseñadas para que “empresarios y especuladores se llenen los bolsillos con dinero y territorio público, mientras los alicantinos y alicantinas se quedan sin hogar”. Además, advierten de que “en los próximos meses la situación empeorará de forma dramática ante la finalización de los contratos de alquiler firmados durante la pandemia, antes de la inflación rampante de los últimos años”.
