Una pareja joven con un bebé de menos de un año y que espera el nacimiento de un nuevo hijo ha sido desalojada este jueves de un piso social, propiedad de la Generalitat Valenciana, en el barrio de Virgen del Carmen, conocido como las Mil Viviendas.
En torno a las 9 de la mañana se ha procedido al desalojo y clausura del piso en la avenida Gastón Castelló, número 4. Allí residía la familia desde hace más de dos años y medio, después de que falleciera un familiar. Los afectados defienden que este familiar era el titular de la vivienda y reclaman una ampliación del contrato. Sin embargo, desde el EVhA afirman que esta persona había entrado de manera irregular al piso.
Sindicat de Barri Carolines ha prestado apoyo a la pareja y critica que «gran parte de las compañeras del Sindicato llevan años y años apuntadas en la lista de demandantes de vivienda con muy pocas esperanza». Reprocha que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo -EVhA- mantiene viviendas «vacías o abandonadas» en la ciudad de Alicante, «en vez de asegurar que sus propiedades están bien mantenidas y habitadas por familias que lo necesitan».
Las reacciones de los grupos progresistas en el Ayuntamiento han sido unánimes. Esquerra Unida-Podem y Compromís alertan del aumento de desahucios con menores en la ciudad. Desde EUPV-Podem advierten de la inacción del EVhA ante esta situación e indican que esta entidad no ha ofrecido alternativa habitacional a la familia desahuciada hoy.
“Hoy he presenciado una escena que ninguna sociedad digna debería permitir: una familia con un bebé en brazos y esperando otro hijo ha sido arrojada a la calle por una institución pública. El EHVA no puede comportarse como una inmobiliaria más: su deber es garantizar el derecho a la vivienda, no ejecutar desahucios sin red”, ha declarado el portavoz del grupo Manolo Copé.
El edil ha subrayado que no se trata de un caso aislado que ha denunciado también recientemente otro desahucio de una familia con menores sin recursos. A su juicio, «evidencia el abandono institucional» de personas en situación de exclusión social.
Los valencianistas, por su parte, han presentado una queja al Sindic de Greuges. Exigen que se convoque la Mesa Antidesahucios ante el creciente número de lanzamientos. Manifiestan que «se está vulnerando el decreto ley 3/2023 por el cual se regula la creación de mesas antidesahucios».
El portavoz, Rafa Mas, demanda soluciones para una ciudad que acusa subidas constantes de alquileres y récord de pisos turísticos, en la que se expulsa a las personas de sus barrios. «Hemos instado a que se constituyera -la mesa- varias veces durante los los últimos años en sesión plenaria, ni caso».
Reclaman la participación en esa mesa de Generalitat, Patronato de la Vivienda y Ayuntamiento, colectivos afectados y expertos.
Desde el grupo socialista, ponen cifras a la inversión en vivienda pública en Alicante: 23.563 euros. Informan que casi el 98% de la inversión ejecutada en 2024 desde el Patronato de Vivienda se ha destinado a las obras del Centro 14.
«Las cifras revelan que el Patronato de la Vivienda no responde al interés social en una ciudad en la que ya hay más de 600 personas en lista de espera para acceder a una vivienda pública, y donde los desahucios se multiplican día a día», sostiene la concejal Silvia Castell. Asimismo, lamenta que «llevamos años denunciando la falta de recursos personales y materiales del patronato, que ni siquiera tiene un gerente al frente».
