Un funcionario del centro psiquiátrico penitenciario de Alicante ha sido atendido por contusiones en una agresión a manos de un interno ocurrida en la jornada de este jueves, ha informado el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) y ha confirmado Instituciones Penitenciarias.
Según explican desde CSIF, «los hechos tuvieron lugar en el momento del traslado de los internos desde la sala de paseo a sus celdas; en ese momento, al detectarse que el mechero de la sala no estaba en el lugar que le corresponde y preguntar a los internos si lo tenía alguno de ellos, uno de ellos se aproximó a los trabajadores con las manos en los bolsillos diciendo “lo tengo yo”. Mientras con la mano izquierda hacía ademán de buscarlo para devolverlo, con la derecha sacó de forma repentina la mano empuñando un bolígrafo sin capucha, abalanzándose sorpresivamente sobre un funcionario con la intención de apuñalarlo con todas sus fuerzas en la cara».
«A pesar de que el funcionario realizó una maniobra evasiva y contó con la ayuda de un compañero para reducir e inmovilizar al interno, este consiguió alcanzarle en la frente, muy cerca de los ojos, e incluso en la espalda», explican desde el Sindicato.
«Gracias a la rápida intervención del resto de trabajadores se pudo poner fin a la violenta situación, llegándose incluso a contar con la ayuda de uno de los internos presentes en el momento de los hechos», aseguran.
El sindicato ha informado que las agresiones que sufren los trabajadores penitenciarios se han incrementado en 2023 un 12 por ciento y que cada 17 horas de media un empleado es agredido, pese a lo cual sigue habiendo escasez de medios y formación.
TAMPM ha incidido en que la situación en el hospital psiquiátrico de Fontcalent «se agrava» por la especial condición de los internos allí recluidos ya que sólo hay cubiertas dos de las cinco plazas de psiquiatría, lo cual provoca brotes más habituales y un mayor número de momentos de agresividad y conflictividad.
Por ello, el sindicato ha criticado el abandono que sufre el centro por parte del Ministerio del Interior y ha recordado que las mejoras que se demandan «redundarían en una mejora de la situación de las personas privadas de libertad, algo propio de un estado democrático avanzado».
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