La Audiencia Provincial de Alicante ha declarado culpables a varios promotores, al exaparejador municipal y al exalcalde de Llíber, José Más (PP), por una trama que permitió levantar cerca de 300 viviendas irregulares en suelo rústico entre 1999 y 2003. La Sección Décima impone penas de prisión que oscilan de seis meses a dos años, además de multas, por delitos de estafa y de prevaricación urbanística en función del papel de cada acusado.
El fallo, fechado el 25 de septiembre, admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de cinco días. La resolución acota responsabilidades penales tras una instrucción prolongada y deja abierta, en paralelo, la vía administrativa para el futuro de las viviendas afectadas.
En el caso del exalcalde José Más, la sentencia sustituye la petición inicial de seis años de cárcel por una multa de seis meses con una cuota diaria de 10 euros por un delito continuado de prevaricación urbanística. Además, se le inhabilita para el ejercicio de cualquier actividad en la administración pública durante tres años y se le prohíbe desempeñar profesiones vinculadas a la construcción, como arquitecto, aparejador, constructor, promotor o técnico. Más queda absuelto del delito de cohecho.
Penas y perfiles de los condenados
El empresario Miguel Montaner es condenado a dos años de prisión y a la misma multa que el exalcalde por un delito continuado de estafa, y también resulta absuelto del cohecho. El exaparejador técnico municipal figura entre los condenados por su participación en la trama, que, según concluye el tribunal, facilitó la vulneración de la calificación rústica del suelo para levantar las viviendas. Las penas se gradúan en función de la intervención y responsabilidad de cada acusado.
Otro exalcalde posterior, Juan José Reus, que en el momento de los hechos era concejal, resulta absuelto de los delitos que le atribuía la fiscalía. La causa, instruida durante 16 años, llegó a juicio el pasado mayo con trece personas en el banquillo y con una petición global de 43 años y tres meses de prisión. El ministerio público sostuvo que las casas fueron vendidas a compradores extranjeros que no pudieron legalizarlas, por lo que apreció delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios. En la vista, el exalcalde defendió que jamás había recibido dinero ni un coche de lujo en relación con estas edificaciones.
Impacto urbanístico y efecto para los propietarios
La sentencia cierra un largo capítulo penal y certifica que decisiones administrativas y prácticas privadas posibilitaron la construcción de casi 300 chalets ilegales en suelo rústico. Para los propietarios, muchos de ellos extranjeros, la imposibilidad de legalizar supone inseguridad jurídica y trámites prolongados para regularizar su situación, vender o contratar determinados servicios.
El pronunciamiento delimita responsabilidades penales, pero la situación urbanística de las viviendas y su eventual encaje normativo dependerán de procedimientos administrativos posteriores y de la actuación del ayuntamiento en materia de disciplina y planeamiento. Mientras tanto, el recurso de casación que permite el fallo podría modificar, confirmar o matizar las condenas, sin alterar el diagnóstico de fondo sobre la trama urbanística que ha dejado su huella en el municipio.
