El movimiento vecinal y social ha convocado una concentración por la vivienda pública en Alicante el próximo 25 de febrero a las 18:30 horas en la Plaza de la Santísima Faz (nº 5). La protesta busca reclamar una vivienda pública y social real y denunciar concesiones y privilegios que, a su juicio, agravan la emergencia habitacional.
La convocatoria pretende visibilizar la creciente preocupación ciudadana por la gestión de la vivienda protegida. Además, exige transparencia, responsabilidades políticas y soluciones eficaces que garanticen el derecho a la vivienda en la ciudad. La concentración está abierta a vecinos y entidades que deseen sumarse a la reivindicación.
Críticas a la gestión de la vivienda pública en Alicante
Asociaciones vecinales y entidades sociales han exigido responsabilidades políticas por lo que consideran una «gestión opaca» de la vivienda pública. Defienden que la adjudicación debe basarse en transparencia, criterios objetivos, igualdad y control democrático. Sin embargo, sostienen que nada de ello puede asegurarse si la política municipal “se gobierna de espaldas a la ciudadanía”.
En un posicionamiento conjunto, 60 organizaciones vinculan la situación actual con la falta de respuesta del Ayuntamiento a sus solicitudes previas. Recuerdan que en mayo y junio de 2024 pidieron formalmente al alcalde, Luis Barcala, explicaciones y diálogo sobre el alquiler social, los criterios de adjudicación, la planificación y los barrios prioritarios. Según sostienen, aquellas peticiones no obtuvieron “respuesta alguna”, ni se concretaron reuniones ni compromisos.
El movimiento vecinal insiste en que los hechos conocidos no son casos aislados ni simples fallos administrativos. A su juicio, responden a una gestión sin rendición de cuentas y sin participación vecinal, pese a las advertencias trasladadas con anterioridad.
Cinco demandas para garantizar transparencia y control
Las entidades firmantes subrayan que en 2024 no reclamaban “favores”, sino información y mecanismos de participación. Plantearon transparencia en la gestión del parque público y una planificación con prioridades por barrios y criterios verificables.
El documento recoge cinco exigencias. Primero, una auditoría inmediata, completa e independiente de las adjudicaciones, con publicación íntegra de sus conclusiones. Segundo, la paralización cautelar de las adjudicaciones “bajo sospecha” hasta que se esclarezcan responsabilidades políticas y administrativas.
También reclaman la constitución “urgente” de una mesa municipal de vivienda con participación vecinal real y vinculante. Además, piden un plan municipal de vivienda social con calendario, financiación y seguimiento público. Por último, exigen la asunción de responsabilidades políticas al más alto nivel por haber ignorado reiteradamente las solicitudes formales y permitir una gestión opaca.
Las organizaciones advierten de que mantendrán la vigilancia y la movilización vecinal mientras no se produzcan cambios reales en la gestión de la vivienda pública. El texto, además, queda abierto a la adhesión de nuevas asociaciones y colectivos.
