El grupo parlamentario Compromís ha registrado en Les Corts Valencianes una proposición de ley para modificar la normativa autonómica de vivienda con el objetivo de reforzar el carácter protegido de la vivienda pública y garantizar mayores controles en su adjudicación y gestión.
La iniciativa, presentada por Joan Baldoví y Maria José Calabuig, plantea cambios en la Ley 8/2004 de Vivienda de la Comunitat Valenciana para consolidar un parque de vivienda protegida estable y evitar que este tipo de inmuebles acaben incorporándose al mercado libre tras perder su régimen de protección.
Según defienden desde Compromís, la propuesta responde a la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda en un contexto de crisis residencial, reforzando los mecanismos públicos de control y evitando procesos especulativos que puedan afectar a las viviendas protegidas.
Entre las modificaciones planteadas se encuentra la revisión del artículo 46, que regula la calificación de las viviendas de protección pública, con el objetivo de reforzar el régimen jurídico de estas promociones y asegurar que mantengan su función social.
También se propone modificar el artículo 49, relativo a la contratación de estas viviendas, para introducir nuevas obligaciones en los procesos de compraventa y arrendamiento. Entre ellas destaca la inclusión de cláusulas obligatorias en los contratos, que deberán presentarse ante la administración competente.
Además, la iniciativa establece que el acceso a estas viviendas requerirá inscripción previa en el registro de demandantes de vivienda, y que la adjudicación deberá realizarse mediante procedimientos públicos de sorteo entre las personas que cumplan los requisitos establecidos.
La propuesta también contempla mejorar la transparencia en los procesos de adjudicación, incluyendo la publicación de los periodos de inscripción en los sorteos en la página web de la Generalitat y, en su caso, mediante notificaciones electrónicas a las personas inscritas en el registro de demandantes.
Desde el grupo parlamentario señalan que el objetivo de esta reforma es situar la función social de la vivienda en el centro de la política pública y garantizar que la vivienda protegida cumpla realmente su finalidad: facilitar el acceso a un hogar digno y asequible para quienes no pueden acceder al mercado libre.
La proposición de ley solicita además su tramitación por el procedimiento de urgencia en Les Corts Valencianes.
