La Generalitat ha recibido ofertas de cinco empresas para construir alrededor de 130 viviendas de protección pública (VPP) en Alicante y Gandía, dentro del desarrollo del Plan Vive, el programa autonómico que prevé movilizar 10.000 viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana mediante colaboración público-privada.
El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, subraya el nuevo impulso del plan tras la presentación de propuestas para la enajenación por concurso en régimen de permuta de cuatro parcelas propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). Según resalta, “la colaboración público-privada permite la construcción, por fin, de miles de viviendas, con 4.800 VPP ya en marcha, tras años de parálisis en la Comunitat Valenciana”.
Las nuevas promociones se ubicarán en el barrio de Rabasa, en Alicante, y en el sector Santa Anna de Gandía. Fernández valora positivamente la respuesta del sector de la construcción ante la falta de vivienda y asegura que estas viviendas “se convertirán en el hogar de muchas familias que, sin el apoyo de la administración, no podrán acceder a una vivienda digna a precio asequible, principalmente en municipios con mucha demanda como son Alicante y Gandía”.
Parcelas en Rabasa y Santa Anna
En Alicante, tres de las parcelas se sitúan en el sector APD/4 Rabasa, Fase II-B, del PGOU. En la parcela R1 se prevé la construcción de unas 21 viviendas, en la R2 alrededor de 18 inmuebles, y en la R3 cerca de 30 viviendas. A esta licitación se han presentado tres empresas.
Por su parte, en Gandía, dos empresas optan a desarrollar una parcela situada en el sector Santa Anna, en la calle Proyecte D 1, donde está prevista la construcción de aproximadamente 61 viviendas protegidas.
Las empresas adjudicatarias deberán entregar a la Generalitat, en concepto de permuta, un número determinado de viviendas que se incorporará al parque público autonómico para destinarlas a alquiler asequible.
El Plan Vive contempla que las promociones se dirijan a colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda, con una reserva del 40 % para jóvenes, en un contexto de elevada demanda residencial en ciudades como Alicante y Gandía.
