El barrio de Carolinas ha logrado frenar in extremis tres de los cuatro desahucios programados en la que ha sido la semana más negra de 2023 en cuanto a lanzamientos programados y conocidos públicamente.
Dos de las familias han logrado un aplazamiento. Es el caso de Rafael, María y sus tres hijos , que viven en una casa que perdieron a raíz de una ejecución hipotecaria con el Banco Sabadell. Hoy estaba previsto que tuvieran que abandonar la casa pero el juzgado ha conseguido una moratoria hasta el 30 de junio.
Para Meriem, una mujer viuda que vive con su hija, menor de edad, las circunstancias por las que se ha prolongado su desahucio han sido más peregrinas, ya que la huelga de letrados ha imposibilitado realizar los trámites para activarlo mañana martes. Sin embargo, en cualquier momento puede retomarse el proceso. Su historia comienza cuando el arrendador de su vivienda no puede hacer frente a la hipoteca y esta pasa a manos de Bankinter, que a su vez la vende al fondo Intrum Spain Real Estate.
También Antonio y su familia lograron el pasado viernes que el BBVA accediera a renegociar el contrato de alquiler social que tenían. Al banco en la avenida de Alfonso el Sabio, junto a ellos, acudió una representación vecinal y del Sindicat de Barri de Carolines. En el hogar hay dos hijos a cargo y uno de ellos con un grado de discapacidad del 69%.
La única familia que tiene orden vigente de desahucio este viernes es la de Zoulikha, que tiene tres hijos, uno de ellos menor de edad por la rescisión de su contrato de alquiler por parte de COLBA DIRECTORSHIP, S.L. El colectivo mantiene una concentración programada frente a su casa en c/Benilloba, 41 a las 8:30h de la mañana.
Fran Llopis, de Sindicat del Barri de Carolines explica que todos los casos que denuncian tienen un común una situación de vulnerabilidad acreditada. “Normalmente por bajos ingresos. Esto puede ser sencillamente una persona que es pensionista y que cobra 700 u 800 euros al mes, eso según la ley le acredita como una persona en una situación de vulnerabilidad y por tanto le daría acceso a una serie de ayudas sociales”. Estas son familias que a pesar de tener bajos ingresos pagan alquiler, explica.
Ayudas escasas, señala, pero que existen. “Hay pocas herramientas legales que protejan el derecho a una vivienda digna empezamos por ahí. Tanto a nivel estatal, carecemos de una Ley de Vivienda como a nivel autonómico y a nivel local, pero sí que hay algunos recursos”.
El primer paso para muchas de estas familias es que se les reconozca la vulnerabilidad, indica Fran Llopis. “Lo que hace falta es que los servicios sociales , siempre, por supuesto, que se cumplan las condiciones necesarias, que firmen esos informes de vulnerabilidad y eso no está pasando ahora mismo. No está pasando y desde hace bastante tiempo, pero ahora mismo la situación es más dramática”.
Con listas de espera de años, denuncian, para acceder a una vivienda social, hay una alternativa legal. Cuando hay un informe de vulnerabilidad que acredita que una familia no tiene alternativas habitacionales porque no tiene suficiente dinero como para alquilar una vivienda en el mercado regular, y además hay una resolución judicial que establece una fecha concreta para el desahucio, entonces se puede emitir un informe de emergencia habitacional que debe firmar alcaldía. “Así lo reconoce la ley autonómica para estos casos, para que se pueda tramitar de urgencias la concesión de vivienda porque que si no van a tener que esperar 10 años”.
Pero son pocos los casos que logran este informe. En el caso de María, una mujer septuagenaria, que residía con su hijo con discapacidad en Carolinas hasta el pasado día 1 de febrero, cuando se produjo en desahucio sí lo han logrado. Aunque están todavía pendientes de la firma de alcaldía. “Hasta que él (el alcalde) no lo firme legalmente la Conselleria de Vivienda no puede intervenir. Y es una situación perfectamente absurda”.
A falta de una revisión profunda, el Sindicat de Barri de Carolines valora de manera positiva, en líneas generales, el nuevo decreto aprobado el pasado viernes por el Consell Valenciano para blindar el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables. Este puede forzar a tenedores de 10 o más viviendas vacías durante un año a la cesión de las mismas en causas excepcionales.
“Somos cautos, porque una cosa es la elaboración de la ley, y eso está bien, y ahora lo siguientes es ver cómo se implementa esa ley. Vamos a ver realmente cuántos recursos se le destinan y cómo se materializa eso y con qué agilidad se traduce en una reducción de los desahucios y en una mejora de las alternativas habitacionales”.
La nuena norma autonómica tipifica y penaliza también con multas de hasta 970.000 euros el acoso y la violencia inmobiliaria. Una situación más habitual de lo que podamos imaginar, describe el portavoz.
Son conductas que estamos viendo sistemáticamente. La intimidación de estas entidades, enviando personas vestidas de traje como si fueran grandes banqueros que les dicen a las personas, a los usuarios que se tienen que ir. Como si esa decisión fuera suya y no de un juez, eso es algo que vemos sistemáticamente en muchos casos”.
