El Ayuntamiento de Benidorm continúa analizando posibles alternativas legales para defender el interés general, tras la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la condena que obliga al consistorio a indemnizar con más de 300 millones de euros a las empresas Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL. La indemnización se deriva del reconocimiento de derechos urbanísticos sobre terrenos incluidos en el sector APR-7 del parque natural de Serra Gelada.
El alcalde, Toni Pérez, ha declarado en rueda de prensa que todavía es pronto para definir una hoja de ruta definitiva, aunque ha remarcado que todas las decisiones hasta la fecha se han basado en informes técnicos, jurídicos y económicos. Pérez ha enviado un mensaje de «tranquilidad» a la ciudadanía y ha asegurado que el consistorio «no está aún obligado a cumplir con esa responsabilidad patrimonial», ya que el proceso judicial sigue en curso.
Revisión de los convenios y causas aún abiertas
Según el regidor, la complejidad del caso radica en que hay varias causas judiciales abiertas. Por un lado, la sentencia que condena al Ayuntamiento se basa en convenios urbanísticos firmados entre 2003 y 2004 —bajo gobierno del PP— y renovados en 2010 y 2013 por ejecutivos del PSOE y la coalición con los Liberales. Por otro lado, el propio consistorio ha iniciado una revisión de oficio de esos mismos convenios, alegando su nulidad de pleno derecho.
Esta línea de actuación ha obtenido dos sentencias favorables en primera instancia, aunque ambas están recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Otras tres causas siguen pendientes de resolución. Toni Pérez ha enfatizado que estas actuaciones han sido respaldadas tanto por los técnicos municipales como por el Consell Jurídic Consultiu y los juzgados que hasta ahora les han dado la razón.
Críticas al PSPV y defensa de la gestión del PP
El alcalde ha criticado al grupo socialista, señalando que su postura sobre los convenios ha variado según el firmante del recurso, a pesar de tratarse de los mismos documentos. Ha pedido explicaciones a la portavoz del PSPV en Benidorm, Cristina Escoda, por haber renovado los convenios en 2010 y respaldarlos de nuevo en 2013, cuando el suelo ya estaba protegido como parque natural desde 2005.
Pérez también ha recordado que, en su momento, estos acuerdos urbanísticos se aprobaron gracias al voto de calidad del entonces alcalde socialista Agustín Navarro, frente a la oposición del PP y del edil no adscrito Juan Ángel Ferrer.
En su intervención, Toni Pérez ha reivindicado la postura «coherente y constante» del Partido Popular, centrada siempre en salvaguardar el interés general. «Benidorm tiene un gobierno honesto y trabajador», ha concluido, reiterando que no se tomará ninguna decisión que comprometa los intereses de la ciudadanía.
