La Agencia Valenciana Antifraude investigó 556 denuncias en 2023, un 22,73 % más que el año anterior, una de ellas por “trampas” de 5 policías locales de La Nucía (Alicante) que accedieron al cargo falsificando certificados de estudios, que en total suponen un importe recuperable de 5,1 millones de euros.
El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, ha ofrecido este martes en rueda de prensa el resumen de las actuaciones de la institución tras entregar la Memoria de Actividad del ejercicio de 2023 a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, y a parte de los síndics de los grupos parlamentarios.
Un 40 % de las denuncias presentadas se refiere a la gestión de recursos humanos, y dentro de ellas los procesos selectivos, y el 11 % corresponde a la contratación pública y el urbanismo, según el resumen ejecutivo de la memoria.
El importe total recuperable es de 5.145.193 euros y el coste real ejecutado de la Agencia fue de 3.818.569 euros (ratio de retorno de 134,74 %), y en conjunto desde el funcionamiento de Antifraude la cantidad recuperable sin contar activos reputacionales supone más de 34 millones.
En 2023 aumentaron las entidades que incumplieron las recomendaciones de Antifraude pero al mismo tiempo crecieron las que iniciaron expedientes de recuperación, y se han dictado 21 resoluciones de incumplimiento de 22 administraciones y entes públicos.
Los que no han aceptado las recomendaciones han sido los ayuntamientos de Albal, Alcoy, Alicante, Aras de los Olmos, Benidorm, Burriana, Callosa de Segura, Canet d’En Berenguer, Castelló de Rugat, Chiva, Cortes de Pallás, Elche, Foios, Godella, Rojales, Tous, Turís, València y Vilamarxant, así como la Mancomunitat del Carraixet, Divalterra y el Consorcio Valencia Interior.
El 16 % de las denuncias presentadas inicia una investigación, el 56 % se refiere a la administración municipal, el 12 % a la Generalitat y otro 12 % al sector privado. El 89 % se presenta a través del buzón de denuncias, el 57 % de forma anónima, un 71 % por parte de hombres y un 29 % por mujeres.
Funcionarios “de forma tramposa”
Llinares ha explicado que se ha detectado un caso de cinco personas que accedieron a funcionario de Policía Local en La Nucía falsificando los certificados de estudios, “cinco personas que accedieron a un cargo que significa ejercer la autoridad y ser portador de armas”, ha resaltado.
Estos funcionarios están en procesos de separación de sus cargos al haber aceptado el Ayuntamiento el informe de la Agencia y ha puesto en marcha el procedimiento de revisión y nulidad de los acuerdos por los que accedieron al puesto, si bien se vuelven procesos “intrincados” cuando intentan retrasarse con la presentación de recursos judiciales, ha advertido.
La Agencia fue requerida el año pasado para colaborar con la Fiscalía y las autoridades judiciales en 8 procedimientos por delitos de corrupción, y se dictó una sentencia resultado de uno de sus informes periciales que ratificaba todos los extremos de esta y que condena a 6 años de inhabilitación al gerente de una empresa pública de la Generalitat.
También 128 personas han sido asesoradas por los servicios jurídicos de la Agencia y se han conseguido nueve estatutos de protección de denunciantes, entre ellos una empresa.
Llinares ha informado de que el año pasado se detectaron y bloquearon más de 13.200 jaqueos a la Agencia, pero ninguno de ellos rompió las barreras de seguridad.
Antifraude ha elaborado el Código de integridad de la Comunitat Valenciana, pionero en España que aglutina la normativa general y sectorial relacionada con la integridad pública, además de una Guía AVAF y un catálogo de riesgos contrarios a la integridad pública en materia de contratación pública.
Las filtraciones por un supuesto caso de acoso sexual vivido en la Agencia
Respecto a un supuesto caso de acoso sexual en la Agencia en 2023, su director ha señalado que se produjeron “acusaciones muy graves” contra personal de la entidad y esta abrió un expediente interno y “sorprendentemente” aparecieron filtraciones periodísticas que contenían “párrafos enteros” correspondientes a correos electrónicos del personal.
Fue el motivo de la apertura de dos expedientes disciplinarios, uno de ellos ya finalizado con una sanción de 18 meses de suspensión de empleo y sueldo, aunque está abierto el plazo para presentar recurso de reposición. Si este no prospera, la sanción será firme y se remitirá a la Fiscalía por un delito de revelación de secretos.
El otro expediente sigue su curso y no ha concluido.
