El Ayuntamiento de Alicante tiene previsto llevar este mes al Pleno la propuesta de adhesión al convenio marco que permitirá al consistorio asumir la incoación, tramitación y resolución de procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico. Además, la iniciativa se debatirá previamente en la Comisión de Urbanismo. Esto supondrá un nuevo paso en la estrategia municipal de control y ordenación de esta actividad.
El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha subrayado que “es un paso más en nuestra estrategia de regulación y ordenación de la actividad turística”. También ha señalado que asumir estas competencias “nos garantizará el control y los medios para perseguir las irregularidades”. Así, serviría para evitar que este negocio “se desarrolle de forma ilegal en la ciudad”.
La adhesión al convenio se enmarca en un horizonte inicial de cinco años y cuenta con informes técnicos y jurídicos favorables. Estos informes avalan tanto su viabilidad legal como su sostenibilidad económica y organizativa.
Medidas previas de control turístico
Desde el equipo de gobierno recuerdan que la asunción de estas competencias sancionadoras se suma a otras actuaciones ya impulsadas por el Ayuntamiento para garantizar la sostenibilidad y compatibilidad de los usos turísticos. Entre estas medidas destacan la moratoria en la concesión de licencias a viviendas de uso turístico. Además, figura la tramitación de la Modificación Puntual número 52 del Plan General de Ordenación Urbana, que establece una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad.
Impacto presupuestario y capacidad de gestión
Uno de los informes técnicos analiza la situación del departamento municipal de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles. Evalúa la carga de trabajo actual y el impacto de las nuevas competencias. En este documento se detalla que entre 2023 y 2025 se han incoado 418 expedientes de infracción urbanística relacionados con viviendas de uso turístico.
Según el informe, en alrededor del 80 % de los casos las infracciones se confirman mediante actas de inspección y decretos de suspensión de la actividad. Además, en el 90 % de estos supuestos se inicia posteriormente un expediente sancionador. La adhesión al convenio implicaría un incremento estimado del 20 % en la carga de trabajo del departamento.
En el plano económico, los técnicos calculan un impacto positivo de 8.845.650 euros en el presupuesto municipal de ingresos a lo largo de los cinco ejercicios de vigencia de la delegación de competencias. En cuanto al gasto, el informe concluye que el impacto sería nulo, ya que el refuerzo del área se realizaría mediante redistribución de personal existente. Además, se utilizarían efectivos pendientes de incorporación a procesos selectivos ya en marcha, sin aumento de la plantilla presupuestaria.
Próximos pasos
La propuesta de adhesión al convenio se debatirá en la Comisión de Urbanismo prevista para este viernes y se elevará al Pleno ordinario de enero para su aprobación definitiva. En caso de recibir el visto bueno plenario, el Ayuntamiento formalizará la solicitud de adhesión ante la Dirección General de Turismo.
