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domingo, diciembre 21, 2025

Alicante aprueba una rebaja lineal de 3 o 4 euros del recibo del IBI

La izquierda denuncia que el Ayuntamiento dejará de ingresar más de un millón y que con esa rebaja se sacrifican proyectos municipales y que no se grava más a los grandes tenedores, mientras PP y Vox defienden que el dinero “debe estar en el bolsillo de los alicantinos” y que se combate el “sanchismo fiscal”.


El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves la modificación de la ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de los grupos de izquierda. La medida establece una rebaja lineal de 1.100.000 euros que, según han reiterado estos grupos, supone un ahorro de solo 3 o 4 euros al año en cada recibo y un impacto negativo de más de un millón de euros en las cuentas municipales. El cambio afecta a más de 336.000 viviendas y locales de la ciudad. Desde el PP, la concejala de Hacienda Nayma Beldjilali sostiene que se trata de una decisión “en beneficio de los alicantinos” y que mantiene todas las bonificaciones vigentes.

La edil ha defendido que la nueva ordenanza “supone rebajar el recibo del IBI en un 1,20% que se suma al 5% que ya rebajamos en 2019 porque pensamos que el dinero debe estar en el bolsillo de los alicantinos” y ha señalado que la medida busca “ayudar a los ciudadanos frente al infierno fiscal de Sánchez que ha subido 94 impuestos desde que es presidente del Gobierno”. Además, ha recordado que se mantienen bonificaciones como la del 50% en viviendas de protección oficial, la aplicable a familias numerosas, que puede alcanzar hasta el 90% en función del valor catastral y el número de hijos, o la que se aplica a inmuebles con instalaciones de energía solar de hasta un 50% de la cuota íntegra. También siguen en vigor las bonificaciones a inmuebles con actividades económicas de especial interés o utilidad municipal por motivos sociales, culturales, históricos o de fomento del empleo.

La socialista Silvia Castell ha acusado al alcalde Luis Barcala de “proteger a los grandes propietarios mientras recorta en vivienda pública”. Sostiene que Alicante tiene más de 15.000 casas cerradas y que el alquiler medio supera ya los 1.100 euros, y critica que el gobierno local renuncie a invertir en proyectos como las viviendas públicas de la calle Ceuta o las intergeneracionales de Benalúa. “Esta rebaja supone un ahorro de apenas tres euros al año y un agujero de un millón para el Ayuntamiento”, ha subrayado, antes de advertir que “Vox quiere que la rebaja alcance los nueve millones de euros”, lo que, a su juicio, agravaría los recortes.

Compromís también rechaza la medida y ha calificado la rebaja de “gran estafa”. Su portavoz señala que la fiscalidad debería ser más justa: “¿No hubiera sido mejor bajar el IBI a quienes menos tienen y subirlo a los grandes tenedores de vivienda?”. Además, ha criticado que se destinen 400.000 euros a una oficina “antiabortista”, “ilegal y sin competencias”, mientras se cierran centros de mayores y se recortan inversiones en barrios. “Esto es una gran estafa, ya no engañan a nadie”, ha añadido.

Ortolá ha avanzado que se trata de la primera de varias reducciones previstas, y ha subrayado que apoyará cualquier rebaja fiscal dentro de las competencias municipales. También ha sostenido que Vox está logrando “implementar su programa incluso sin gobernar”, y ha puesto como ejemplo la negociación de esta rebaja del IBI.

Desde Esquerra Unida-Podem, su portavoz Manolo Copé denuncia que se han rechazado “en bloque” las 19 enmiendas presentadas, que buscaban bonificaciones para familias vulnerables, recargos a grandes tenedores con viviendas vacías, incentivos a la rehabilitación energética y apoyo al alquiler asequible. “Es una rebaja lineal que trata igual a quien no es igual”, ha advertido, y ha reclamado introducir criterios que ayuden a quienes más lo necesitan. Mario Ortolá, de Vox, ha replicado al respecto que las enmiendas fueron descartadas “por deficiencias técnicas” y ha acusado a EU de haber presentado propuestas copiadas “sin detallar el procedimiento”, lo que impedía su aplicación.

La nueva ordenanza fija en 0,61985% el tipo de gravamen para bienes urbanos frente al 0,62042% anterior, y el pago del impuesto se mantiene entre el 15 de marzo y el 30 de junio, con la posibilidad de acogerse a un fraccionamiento en hasta seis plazos.

El Pleno ha rechazado las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y la votación ha concluido con 17 votos a favor y 11 en contra, quedando aprobada la modificación de la ordenanza del IBI.