Alicante ha rechazado este martes que tenga intención de cobrar una entrada al Castillo de Santa Bárbara a los vecinos de la ciudad. La portavoz municipal, Cristina Cutanda, ha asegurado que «estamos trabajando para que los turistas paguen y los alicantinos no» y ha acusado a la izquierda de difundir lo contrario: «no sé de dónde se han sacado que este equipo de Gobierno va a cobrar a los alicantinos por subir al Castillo, porque no lo pone en ningún lado».
Cutanda ha recalcado además que «este equipo de Gobierno quiere que aquellos usuarios que vienen a visitar el castillo de fuera participen económicamente para que nosotros podamos hacer las reparaciones sin que le cueste a los alicantinos». Ha insistido en que la idea de «cobrar a los alicantinos es algo que se han inventado ellos» y ha añadido: «estamos trabajando para ver la manera en la que los alicantinos no paguen por subir al Castillo en el caso de que tengamos una tasa para el Castillo».
El debate se produce un día después de que Esquerra Unida Podem difundiera un comunicado en el que calificaba de «injustificable» que el equipo de Gobierno del Partido Popular estudie cobrar entrada a vecinos y vecinas de la ciudad. La formación denunció que la medida supondría «un nuevo ataque a los derechos culturales de la ciudadanía alicantina» y la enmarcó en lo que considera una política general de «privatización y afán recaudatorio». El portavoz municipal, Manolo Copé, advirtió que «el Castillo no es del alcalde ni de las cuentas del PP, es patrimonio común y debe seguir siendo un espacio abierto y gratuito para la gente de Alicante».
Polémica en la Junta de Distrito 3 por la participación vecinal
Cristina Cutanda ha respondido también hoy a las críticas lanzadas por tres asociaciones vecinales del Distrito 3 sobre restricciones a su participación y ha defendido que «nunca se ha incumplido el reglamento» de la Junta. La portavoz ha recordado que en estas juntas los representantes de las asociaciones «pueden participar como oyentes, pero no con voz» y ha subrayado que la Concejalía de Participación «siempre ha buscado el diálogo con todas las asociaciones».
Las asociaciones de PAU 1, PAU 2 y Parque del Mar denunciaban en la noche del domingo que la presidencia de la Junta, ejercida por la concejala de Participación, Cristina García, estaba «incumpliendo sistemáticamente los derechos de participación ciudadana, imponiendo normas que no se ajustan al reglamento vigente y obstaculizando la labor de las asociaciones vecinales».
Según relataban, en la última reunión de la Junta de Distrito 3, celebrada el 31 de marzo de 2025, García «impidió que representantes vecinales pudieran intervenir libremente en relación con temas previamente solicitados. Se negó el uso de la palabra a varias asociaciones, se silenciaron preguntas legítimas, y se aplicó un trato desigual entre entidades en situaciones similares. Mientras algunas fueron ignoradas, otras recibieron atención y espacio para expresarse». Una conducta que, según señalaban, «lejos de fomentar el diálogo, genera división, crispación y un clima de exclusión que consideramos profundamente perjudicial y que se viene repitiendo de anteriores juntas».
En un escrito remitido al Ayuntamiento reclamaban la convocatoria urgente de una asamblea con garantías de participación, la revisión de la continuidad de la actual presidencia y la anulación de un nombramiento que consideraban contrario al reglamento municipal.
Nuevos criterios constructivos de Hogueras
En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, y en relación con las Hogueras, Cutanda ha señalado que «estamos trabajando con Federación y Gremio en un documento de criterios constructivos» que fijará los estándares mínimos para cada categoría de monumento. Según ha indicado, estos criterios servirán de base para que los jurados valoren las hogueras de manera más homogénea y se refuerce la calidad artística de las fiestas.
Al mismo tiempo, ha indicado que estudiarán la petición de la Federación para aumentar las ayudas municipales: «todos los años, bueno, no solo las fogueras de categoría especial, sino cada una de las asociaciones festivas que se reúnen con la Concejalía de Fiestas solicitan que se aumenten las subvenciones. En este caso es una reivindicación que llevan años haciendo. Nosotros cada año estudiamos las subvenciones acorde al dinero que disponemos en la Concejalía y por tanto este año volveremos a estudiar la posibilidad de lo que piden y les trasladaremos la información a ellos».
Estas declaraciones llegan después de que la Federació de les Fogueres de Sant Joan haya trasladado públicamente su preocupación por el reparto de las ayudas municipales, al considerar que el aumento de categoría de varias comisiones deja sin cobertura los costes mínimos de los monumentos. Su presidente, David Olivares, advirtió de que sin más apoyo institucional resultará difícil mantener la calidad y la declaración de Bien de Interés Cultural de la fiesta de cara al centenario de su nacimiento.
La colección de Remigio Soler
La portavoz municipal también se ha referido a la situación de la colección del artista Remigio Soler, cuya familia reclama una solución para albergar su amplio legado. Cutanda ha admitido que su volumen es «inasumible por parte única y exclusivamente del Ayuntamiento» y ha explicado que se trabaja en localizar un espacio para exponer parte de las obras.
«Les hemos derivado también a otras instituciones culturales porque entendemos que al final toda la obra es importante».
