Las ayudas públicas al cine en la mayoría de comunidades autónomas se han mantenido ligadas a criterios técnicos de calidad, viabilidad e identidad cultural, mientras Castilla y León ha introducido este año una excepción al limitar su nueva convocatoria a proyectos sin lo que define como adoctrinamiento ni propaganda política.
La Consejería de Cultura de Castilla y León, dirigida por Vox, ha lanzado una línea de ayudas de 325.000 euros para largometrajes, documentales o series. Estas subvenciones se han restringido a proyectos que no incluyan, según sus bases, propaganda ni apoyo expreso a opciones políticas concretas. El Ministerio de Cultura ha anunciado que va a recurrir esta medida, y el sindicato de guionistas Alma la ha calificado de ‘enorme gravedad’ y ha sentenciado que ‘esto no tiene otro nombre que censura’.
En el resto de autonomías, incluidas aquellas con gobiernos de coalición entre PP y Vox, como Andalucía, Extremadura y Aragón, las convocatorias vigentes se han regido por criterios profesionales. Se han centrado en la calidad artística y técnica, la viabilidad económica, la relación con el territorio o la participación de empresas y profesionales locales.
El único matiz sobre contenido que se repite en las normas autonómicas se ha tomado de la Ley del Cine estatal. Afecta a películas esencialmente publicitarias o de propaganda política, a las calificadas como ‘X’ y a obras declaradas constitutivas de delito. Más allá de ese marco general, las convocatorias han priorizado elementos como la identidad cultural, el potencial comercial o la igualdad de género.
Criterios generales: calidad, identidad y viabilidad
La mayoría de convocatorias autonómicas han valorado de forma similar varios bloques. Por un lado, la calidad artística y técnica de los proyectos. Por otro, su vinculación con la comunidad, ya sea por el lugar de rodaje, el equipo o la temática.
También han sumado puntos la lengua propia en aquellas autonomías que la tienen, la participación de empresas y profesionales radicados en el territorio, la solidez de la financiación y la trayectoria del equipo. Además, muchas han incorporado criterios de igualdad de género en los puestos de responsabilidad y han exigido el cumplimiento de obligaciones administrativas y fiscales.
En Andalucía, la Consejería de Cultura de la Junta ha subrayado que las ayudas, con bases públicas, se han regido exclusivamente por criterios técnicos. Este año el presupuesto autonómico para el sector audiovisual ha alcanzado los seis millones de euros.
El Gobierno de Aragón ha aclarado que sus subvenciones al audiovisual no incluyen restricciones de contenido. Ha defendido que ‘el Gobierno de Aragón confía en la industria audiovisual aragonesa y en los creadores y su prioridad es apostar por el talento aragonés’. Este año ha previsto 60.000 euros para cortometrajes y 680.000 para largometrajes.
En Baleares, la dotación anual de las ayudas al sector audiovisual ha sido de 900.000 euros. Solo se han excluido las producciones cuyo contenido pueda vulnerar la ley, sin otras limitaciones ideológicas.
Canarias ha fijado como aspectos positivos que el proyecto adapte una obra incluida en la literatura canaria, desarrolle su acción, total o parcialmente, en las islas o muestre su patrimonio cultural o su historia. Cada año se han concedido 2,9 millones de euros en este ámbito.
En Cantabria, el Gobierno autonómico no ha introducido nuevos requisitos de contenido en sus últimas convocatorias. Actualmente destina 200.000 euros al desarrollo y producción de largometrajes y series audiovisuales, y 80.000 a cortometrajes y obras de videoarte.
Castilla-La Mancha ha exigido condiciones como tener domicilio fiscal en la región o que el proyecto se relacione con la identidad castellanomanchega. Las últimas convocatorias han reservado 200.000 euros para producción de largometrajes, 50.000 para cortometrajes y 25.000 para guiones.
En Cataluña, las bases generales han pedido que los proyectos tengan ‘interés cultural, cinematográfico, social o experimental’, con atención especial a nuevos realizadores. Además, han remarcado la necesidad de una ‘vocación de mercado’ y han incluido criterios favorables vinculados a la lengua catalana y aranesa, así como a la presencia de referentes y profesionales locales. También se ha valorado positivamente que haya mujeres en puestos directivos de la producción. El conjunto de subvenciones, incluyendo videojuegos, ha superado los 35 millones de euros anuales.
En la Comunidad de Madrid, el plan estratégico de la Industria Audiovisual ha fijado como objetivo alcanzar los diez millones de euros anuales en ayudas. En 2026, de momento, se han movilizado seis millones. Entre los requisitos, se ha priorizado la autonomía de producción audiovisual, que la productora tenga sede o filial en la región y que esté al corriente de pago.
Navarra ha destinado 625.000 euros a ayudas a la producción audiovisual. Sobre el caso de Castilla y León, el Ejecutivo navarro ha señalado que ‘existe una diferencia de fondo en el modelo de política cultural’ y ha defendido que ‘Navarra apuesta por el apoyo a la creación artística desde criterios profesionales y con pleno respeto a la libertad de creación’.
La Comunitat Valenciana ha destacado que sus convocatorias actuales no incluyen requisitos ni limitaciones específicas sobre el contenido de las obras audiovisuales. Las ayudas generales alcanzan 6,7 millones de euros. Además, los documentales centrados en tradiciones vivas pueden optar a una línea específica de 395.000 euros.
En Extremadura, las ayudas al audiovisual cuentan en 2026 con una dotación global de 514.000 euros. La Junta ha indicado que se conceden según criterios objetivos de calidad, viabilidad e impacto regional, ‘sin condicionantes ideológicos y respetando la libertad de creación artística y la pluralidad de propuestas’. También se tiene en cuenta favorecer la igualdad en los equipos creativos y técnicos.
La Xunta de Galicia ha subvencionado el sector con más de 8,2 millones de euros. Ha aclarado que no prevé cambios similares a los de Castilla y León en sus convocatorias. Mantiene los criterios de calidad, trayectoria y viabilidad, así como el potencial de internacionalización y la contribución a la cultura gallega y al uso de su lengua.
El Gobierno Vasco ha destinado 10,8 millones de euros a fomentar la producción audiovisual en Euskadi. Los proyectos se han seleccionado mediante comisiones de valoración integradas por expertos, que no han establecido restricciones ideológicas sobre el contenido.
La Rioja ha remarcado que sus ayudas, con un presupuesto de 255.000 euros, se han apoyado en la calidad de las propuestas. Ha defendido que el contenido es totalmente libre y pertenece a la esfera creativa de los autores, a los que no se les marca orientación ni se imponen impedimentos.
Asturias tampoco ha fijado limitaciones ideológicas sobre el contenido de las obras subvencionadas. Solo ha introducido requisitos específicos vinculados a cada convocatoria, como el uso del asturiano o del eonaviego. La comunidad ha destinado más de un millón de euros a estas políticas.
En la Región de Murcia, las ayudas convocadas este año han sumado 700.000 euros. Sus bases no recogen una prohibición expresa sobre adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo a opciones políticas concretas equivalente a la que Castilla y León ha introducido en su última convocatoria.
