El Ayuntamiento de Elche ha actuado sobre dos campas de vehículos situadas en las pedanías de Saladas y El Altet. Ambas instalaciones ocupan en conjunto unos 10.000 metros cuadrados y albergan alrededor de 500 vehículos.
El Consistorio ha clausurado la campa de mayor tamaño, que cuenta con más de 300 coches. Sus responsables disponen ahora de un plazo de quince días para retirar los vehículos que todavía permanecen en las instalaciones. Durante ese periodo no podrán continuar con la actividad comercial ni realizar nuevas operaciones.
La actuación da continuidad al dispositivo municipal de inspección y regularización de este tipo de instalaciones. Diario de Alicante informó en septiembre de los requerimientos enviados a 46 aparcamientos del entorno del aeropuerto para que acreditaran el cumplimiento de las condiciones técnicas necesarias para desarrollar su actividad.
La segunda campa queda pendiente de nuevas actuaciones
La segunda instalación tiene menor tamaño y se encuentra en una propiedad privada vinculada al domicilio de una persona. El Ayuntamiento ha notificado la actuación a sus responsables, aunque los agentes de la Policía Local no han podido acceder a la parcela ante la negativa de sus titulares.
Los servicios municipales deberán verificar ahora la información sobre la existencia de vehículos y continuar el procedimiento a través de los servicios jurídicos. Cuando una actuación requiere entrar en un espacio protegido por la inviolabilidad del domicilio sin consentimiento de su titular, el Consistorio debe solicitar autorización judicial.
Estas actuaciones forman parte del dispositivo puesto en marcha para frenar la proliferación de campas que no reúnen los requisitos establecidos por la normativa. El control se centra especialmente en el entorno del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, donde este tipo de actividad ha crecido durante los últimos años.
Con los últimos expedientes, el Ayuntamiento ha clausurado cuatro campas de vehículos y ha iniciado los trámites para solicitar autorización judicial con el objetivo de cerrar una quinta. En conjunto, las instalaciones afectadas albergan o han albergado más de 4.000 vehículos.
El operativo municipal se intensificó después de que la Junta de Gobierno Local aprobara el pasado 23 de abril una moción para impedir la apertura de nuevas campas en el entorno aeroportuario. Desde abril y mayo, los servicios municipales han inspeccionado más de 100 instalaciones. La Policía Local ha llevado a cabo más de 50 inspecciones y, desde el 4 de junio, el Ayuntamiento ha realizado 46 requerimientos de regularización a titulares de estas actividades.
Elche prepara un Plan Especial para regular las campas
El procedimiento comienza con la inspección de las instalaciones por parte de los servicios técnicos y la Policía Local. Los agentes comprueban la actividad, identifican a los titulares y verifican si disponen de las autorizaciones correspondientes.
Posteriormente, los responsables deben presentar una memoria descriptiva de la actividad y un certificado técnico que acredite el cumplimiento de las condiciones exigibles. Disponen de un plazo de tres meses para entregar esta documentación.
Tras estudiar cada expediente y conceder audiencia a los interesados, el Ayuntamiento adopta las medidas administrativas que correspondan. Estas pueden llegar hasta la clausura cuando una instalación incumpla los requisitos establecidos.
De forma paralela, el Consistorio trabaja en un Plan Especial para ordenar la implantación de estas actividades en el término municipal. La documentación urbanística del Ayuntamiento de Elche recoge los instrumentos de planeamiento que se encuentran actualmente en tramitación.
El Plan General de Ordenación Urbana de 1998 no contempla expresamente este uso de aparcamiento en suelo no urbanizable entre las actividades autorizables mediante Declaración de Interés Comunitario.
El nuevo instrumento deberá determinar las zonas donde podrán implantarse estas campas y fijar las condiciones necesarias para garantizar su integración territorial, ambiental y paisajística. Mientras avanza su elaboración, el Ayuntamiento mantiene las inspecciones para controlar el cumplimiento de la legalidad urbanística y evitar una expansión desordenada de estas instalaciones.
