Los juzgados de la Comunitat Valenciana han ejecutado 629 desahucios entre abril y junio de este año, tanto por impago del alquiler como de la hipoteca, una cifra que sitúa a la autonomía como la cuarta con más lanzamientos practicados en España durante el segundo trimestre.
Según los datos que ha publicado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el conjunto del país se han realizado 4.474 lanzamientos en ese periodo. Esta cifra supone una caída del 35,7 % respecto al mismo trimestre del año anterior.
Descenso general pero fuerte subida de otros desahucios
El CGPJ ha detallado que los desahucios por impago de alquiler han descendido un 57,7 % a nivel estatal. Por su parte, los derivados del impago de hipotecas se han reducido un 8,9 % en comparación con el segundo trimestre de 2025.
La mitad de los lanzamientos ejecutados en España, el 50,1 %, en total 2.244, se han debido a procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es decir, a conflictos por alquiler de vivienda o locales.
Otros 1.109 desahucios, el 24,78 %, han estado vinculados a ejecuciones hipotecarias. Los 1.121 restantes han obedecido a otras causas, como laudos arbitrales o procedimientos de familia.
Pese al descenso global de los lanzamientos por alquiler e hipoteca, el CGPJ ha subrayado el fuerte aumento de los desahucios por esas otras causas. Estos han crecido un 152,5 %, al pasar de 444 en el segundo trimestre de 2025 a 1.121 en el mismo periodo de este año.
En la clasificación por comunidades autónomas, Cataluña se ha situado a la cabeza con 983 lanzamientos, el 21,9 % del total nacional. Le han seguido la Comunidad de Madrid, con 778; Andalucía, con 737; y la Comunitat Valenciana, con 629.
Si se analizan solo los lanzamientos consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, por impago del alquiler, Cataluña también se mantiene en primera posición. Ha registrado 456 casos, el 10,1 % del total español.
Tras Cataluña figura Andalucía, con 397 lanzamientos por alquiler, y a continuación la Comunitat Valenciana, con 361 desahucios derivados de impagos de renta en el segundo trimestre.
En cuanto a los lanzamientos motivados por ejecuciones hipotecarias, Andalucía ha concentrado 247 procedimientos, el 22,2 % del total nacional. Cataluña ha sumado 209 y la Comunitat Valenciana, 184.
Más lanzamientos solicitados a los servicios comunes
El informe del CGPJ recoge también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos. El propio Consejo advierte de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que estos datos permiten medir la evolución, pero no representan valores absolutos del conjunto del sistema.
Además, que un lanzamiento se solicite a un servicio común no implica necesariamente que dicho servicio lo haya ejecutado finalmente. Algunos procedimientos pueden quedar suspendidos, retrasados o ejecutados por otra vía.
De acuerdo con las estadísticas del CGPJ, en el segundo trimestre de 2026 se han solicitado 17.276 lanzamientos a los servicios comunes. Esta cifra supone un aumento del 26,8 % respecto al mismo trimestre de 2025.
De esas solicitudes, 8.972 han terminado con cumplimiento positivo, es decir, se han ejecutado. Esto ha representado un incremento interanual del 11,1 %.
Ejecuciones hipotecarias en descenso
Entre abril y junio se han presentado 6.886 ejecuciones hipotecarias en los juzgados españoles. La cifra es un 28,6 % inferior a la registrada en el mismo periodo de 2025.
El mayor volumen se ha concentrado en Cataluña, con 2.270 procedimientos, el 32,9 % del total nacional. A continuación se sitúa Andalucía, con 1.319 ejecuciones hipotecarias.
La Comunitat Valenciana ocupa el tercer lugar por número absoluto de nuevas ejecuciones hipotecarias, con 807 entre abril y junio. Después aparece la Comunidad de Madrid, con 563.
Si se relaciona el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas con la población, Cataluña ha contabilizado 27,9 por cada 100.000 habitantes. La Región de Murcia ha registrado 20,6 y la Comunitat Valenciana 14,9 en este indicador relativo, que permite comparar mejor la incidencia territorial.
