El Tribunal de Instancia de Catarroja número 3, que instruye la causa penal por la gestión de la dana en Valencia, ha fijado para noviembre y diciembre las declaraciones como testigos de cinco alcaldes de la conocida como zona cero y de la comisaria jefa de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunitat Valenciana.
Según consta en una diligencia de ordenación notificada este miércoles a las partes, el letrado de la Administración de Justicia ha citado a varios responsables municipales del área metropolitana de Valencia, uno de los territorios más afectados por el temporal del 29 de octubre de 2024.
El calendario de comparecencias arranca el 5 de noviembre con la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, que deberá prestar declaración como testigo ante el juzgado de Catarroja.
Para el 2 de diciembre han sido llamados el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, y la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, también como testigos en esta causa que analiza las decisiones adoptadas antes, durante y después del episodio de lluvias extremas.
La ronda de responsables municipales se completa el 4 de diciembre, fecha en la que deberán acudir el alcalde de Massanassa, Francisco Comes, y el de Albal, José Miguel Ferris, igualmente en calidad de testigos.
La comisaria jefa de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica tendrá que declarar el 25 de noviembre. Ese mismo día están citados también un asesor de prensa de la Generalitat y dos bomberos forestales del parque de Buñol, todos ellos como testigos.
Nuevas diligencias sobre la tragedia del 29 de octubre de 2024
La plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha acordado esta nueva ronda de declaraciones en el marco de la investigación sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 233 muertes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Estas comparecencias se suman a las ya practicadas en los últimos meses y buscan aclarar cómo actuaron las distintas administraciones y servicios de emergencia en los municipios más golpeados por el temporal, así como el flujo de información entre la Generalitat, los ayuntamientos y los cuerpos de seguridad.
En la misma diligencia, el juzgado ha ordenado incorporar a las actuaciones la transcripción de la comparecencia de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso.
Pradas compareció por segunda vez en dicha comisión el pasado 28 de septiembre. El juzgado quiere disponer ahora del contenido literal de esa intervención parlamentaria para confrontarlo, en su caso, con las declaraciones prestadas en sede judicial y con el resto de pruebas recabadas.
La exconsellera es una de las dos personas investigadas en esta causa penal, junto con el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. La instrucción trata de determinar si hubo responsabilidades penales en la gestión de la emergencia y en la adopción de medidas preventivas ante un episodio de lluvias que acabó en una de las mayores tragedias recientes en la Comunitat Valenciana.
