PP y Vox han tumbado en Les Corts Valencianes todas las propuestas de la oposición sobre el estado de la Comunitat, al tiempo que han evidenciado diferencias en materia de inmigración y financiación autonómica, donde no han logrado votar unidos.
Entre las iniciativas que sí han prosperado con los votos de la mayoría, el Consell ha acordado pedir al Gobierno central la derogación de la ley de Vivienda. También ha reclamado cambios normativos para dar más seguridad jurídica a los propietarios y así incentivar el alquiler, además de la revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
El pleno ha aprobado, asimismo, medidas relativas a la limpieza de barrancos, la elaboración de planes de presas y la puesta en marcha de sistemas de alerta temprana ante episodios extremos, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar la prevención.
Choque por la financiación autonómica
La propuesta del PP sobre financiación autonómica ha salido adelante, pero sin el apoyo de Vox. El texto reclamaba retirar la propuesta del Gobierno y abrir una negociación multilateral con todas las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia de Presidentes. Además, defendía un fondo transitorio de nivelación y un Fondo de Liquidez Autonómica extraordinario.
Vox ha votado en contra de esta iniciativa, pese a compartir el diagnóstico sobre la infrafinanciación. Su síndic ha insistido en que el sistema actual ‘discrimina’ y ‘está fallido’, y ha defendido que es necesario ‘hacer uno nuevo que no sea solo igual, sino igualitario y equitativo’.
En sentido inverso, el PP no ha respaldado una propuesta de Vox en materia de inmigración. El síndic popular, Fernando Pastor, ha justificado el rechazo por ‘una cuestión de forma’, al considerar que el texto era ‘un ómnibus’ que agrupaba ‘distintas temáticas poco conexas’. A su juicio, este episodio confirma que PP y Vox son ‘partidos diferentes’ y que tener discrepancias es ‘lo normal’.
Acuerdos y desacuerdos en inmigración
La propuesta de Vox que no ha prosperado pedía que el Consell manifestara ‘la gravedad de las consecuencias que la inmigración masiva tiene para los servicios públicos’, citando la ‘saturación’ e incluso el ‘colapso’ de estos. Incluía también que se estudiara la viabilidad de un tercer hospital en Alicante y que se exigiera al Gobierno más plazas de Policía Nacional y Guardia Civil.
Aun así, el pleno ha aprobado otras enmiendas relacionadas con la inmigración. Se ha acordado reclamar ‘la asignación prioritaria de los recursos‘ a las personas que ‘mantienen un arraigo real, duradero y verificable en España’. Además, se ha aceptado que, en la adjudicación de vivienda pública, se tenga en cuenta ‘la existencia de familiares de primer grado ascendientes’ que residan legalmente en este país.
El PP ha apoyado también la realización de un estudio sobre ‘las nuevas realidades delincuenciales’ derivadas de ‘la inmigración masiva’. Igualmente, ha salido adelante la propuesta de no subvencionar asociaciones u ONG que ‘promuevan la inmigración ilegal y el tráfico de personas’.
Oposición sin apoyos y vivienda en el centro del debate
PP y Vox han rechazado en bloque las propuestas de la oposición. Entre ellas figuraban las que pedían exigir al expresident de la Generalitat Carlos Mazón la renuncia a su escaño por su gestión de la dana de 2024. También se solicitaba investigar el dosier sobre ‘presuntas irregularidades’ de altos cargos, negociar de inmediato una reforma de la financiación o revertir al parque público las viviendas de Les Naus adjudicadas de forma fraudulenta.
La vivienda ha sido uno de los ejes principales del debate. Fernando Pastor ha criticado la ‘descomposición’ del Gobierno de Pedro Sánchez a través de sus decretos sobre esta materia. Ha asegurado que las propias ministras fueron ‘incapaces de explicar con claridad’ su contenido, algo que ha calificado de ‘una auténtica vergüenza’ y ‘un esperpento’.
Desde el PSPV-PSOE, el síndic José Muñoz ha instado al PP a ‘escuchar a la calle’ y rectificar su posición. Ha acusado a los populares de considerar la vivienda ‘un negocio y no un derecho’ y de defender una receta que, según ha dicho, ‘hace que se incrementen los precios y se expulse a la gente de sus barrios’. Además, ha reclamado que reconsideren su voto en el Congreso y apoyen los decretos del Gobierno.
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha reprochado a PP y Vox que exijan suprimir la ley de Vivienda. A su juicio, se trata de ‘una cortina de humo para esconder su inoperancia y falta de proyecto para resolver el principal problema de los ciudadanos’. Ha pedido que no suba el precio de la vivienda pública y que se respalden los decretos del Ejecutivo central.
Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, ha defendido que la vivienda es ‘un tema clave’. Ha apostado por la eliminación total de los impuestos para la primera vivienda, la liberalización de suelo para construir vivienda libre y vivienda pública, y la ‘reducción absoluta de las trabas burocráticas’ para acceder a una.
El aforamiento de Mazón divide a los grupos
PSPV-PSOE y Compromís han intentado que Les Corts exigieran a Carlos Mazón que abandone la política y renuncie a su escaño, con el fin de dejar de estar aforado. El PP ha rechazado esa iniciativa porque, según ha argumentado, ‘carece de sentido’ después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano le haya eximido de responsabilidad en la dana de 2024.
‘No puede haber excusas, silencios y zonas de sombra cuando hablamos de vidas humanas, de 233 víctimas mortales’, ha afirmado la socialista Alicia Andújar, que ha pedido a los diputados del PP votar ‘en conciencia’. Desde Compromís, Isaura Navarro ha defendido que la renuncia de Mazón es una cuestión ‘de humanidad y de ética’.
La diputada popular Laura Chulià ha subrayado que el TSJCV ha resuelto por unanimidad la ‘ausencia de cualquier responsabilidad del expresident’. Ha instado a los socialistas a exigir responsabilidades al Gobierno central y ha acusado a Compromís de ‘saltarse a la torera’ el respeto institucional. Además, ha recordado que el TSJCV imputó también por unanimidad a Mónica Oltra.
En el tramo final del debate, Fernando Pastor ha cuestionado la credibilidad del Gobierno central en materia de financiación. Se ha preguntado cómo se puede confiar en quienes prometen un modelo que ‘dicen que beneficia a los valencianos’, si ‘son incapaces de cumplir siquiera la Constitución’ y de presentar unos Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma.
