El Juzgado de Instrucción número 1 de València ha citado a declarar el próximo 14 de enero al concejal del Ayuntamiento de València Juanma Badenas (Vox) como investigado por su entrada sin permiso en la sede del Sindicat d’Estudiants, tras la denuncia presentada por esta organización estudiantil.
Según consta en un auto judicial, Badenas ha sido llamado a declarar a las 10.00 horas. En la misma resolución también se ha citado como investigados a dos asesores del edil, que habrían participado en la visita al local. Por su parte, los responsables del sindicato deberán comparecer ante el juzgado el 17 de diciembre a las 12.00 horas en calidad de denunciantes.
La resolución no es firme. Contra el auto cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días, de acuerdo con lo recogido en el propio documento judicial. Este tipo de recurso permite a las partes pedir al mismo juzgado que reconsidere su decisión inicial.
Denuncia por allanamiento y descubrimiento de secretos
El pasado mes de julio el Sindicat Estudiants de la Comunitat Valenciana y la Associació de Dones Lliures i Combatives de País Valencià presentaron una querella criminal contra Badenas y dos de sus asesores. En ese escrito les atribuían dos presuntos delitos: allanamiento ilegal de la sede del sindicato en València y descubrimiento de secretos.
En la querella se recordaba que el Ayuntamiento de València lleva años cediendo el uso de locales de propiedad municipal a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Estos espacios se destinan a actividades de interés social y permiten que colectivos como el Sindicat d’Estudiants desarrollen sus funciones en inmuebles municipales.
El relato de hechos situaba el origen del conflicto el 3 de julio. Ese día, un representante del sindicato acudió por la tarde al local y observó que la cerradura estaba dañada. Además, detectó que había una llave partida en el interior del bombín, lo que le hizo sospechar que alguien había intentado acceder por la fuerza o de manera irregular.
Ante esa situación, el responsable del sindicato revisó las cámaras de seguridad instaladas en el interior del inmueble. En las grabaciones comprobó cuatro secuencias correspondientes al día anterior. En esas imágenes se aprecia cómo un hombre entra en el local con un micrófono sujeto al pecho, acompañado de una mujer que graba las estancias con su teléfono móvil.
Las imágenes, según la querella, muestran que ambas personas recorren las dependencias y examinan los documentos de la sala principal. En un momento posterior se suma una tercera persona, otro varón, que también permanece en el interior del local. La presencia de estas tres personas no había sido comunicada previamente al sindicato.
Tras ver las grabaciones, el representante del Sindicat d’Estudiants trasladó los hechos al Ayuntamiento de València. Además, presentó una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional. De este modo activó tanto la vía administrativa como la penal, dado que el local es de titularidad municipal pero estaba cedido a la organización estudiantil.
Posteriormente, estas tres personas fueron identificadas como el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, y dos asesores del grupo municipal de Vox. Esta identificación ha resultado clave para sustentar la querella y para que el juzgado haya decidido citarles en calidad de investigados.
Tras conocerse públicamente los hechos, Badenas defendió su actuación. El edil calificó como ‘sentido común comprobar los bienes del patrimonio municipal‘ y sostuvo que su entrada en la sede del Sindicat d’Estudiants respondió a un aviso previo. Según explicó, le había llegado un informe de la Policía Local que comunicaba que el local llevaba varios días cerrado y quiso comprobar que se hacía un ‘uso adecuado’ del inmueble.
Los querellantes, sin embargo, sostienen una versión distinta. En su escrito consideran que los hechos pueden ser constitutivos de un presunto delito de allanamiento del domicilio de una persona jurídica. Además, apuntan a otro posible delito de descubrimiento de secretos, ‘al no limitarse su conducta a la entrada, sino a la grabación de vídeos dentro de los despachos y a la revisión de la documentación’.
A partir de ahora, el procedimiento penal seguirá su curso en el Juzgado de Instrucción número 1 de València. Las declaraciones previstas para diciembre y enero resultarán clave para determinar si los hechos denunciados se ajustan a los tipos penales señalados en la querella o si, por el contrario, la actuación de Badenas y sus asesores se justifica por su responsabilidad sobre el patrimonio municipal.
