La Diputación de Alicante ha aprobado por unanimidad la resolución de las ayudas del Bono Consumo 2026, una convocatoria dotada con cerca de 25 millones de euros que llegará a 125 municipios de la provincia. El visto bueno del pleno extraordinario permite a los ayuntamientos beneficiarios activar de forma inmediata sus respectivas campañas para apoyar al comercio de proximidad y a los consumidores.
La convocatoria alcanza este año la mayor dotación económica de su historia. Los consistorios que han solicitado participar y no han renunciado al anticipo podrán poner en marcha ya sus programas, con el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para su ejecución. El plazo para justificar los fondos finalizará el 31 de enero de 2027.
El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha destacado que el objetivo es «dinamizar el comercio local y ayudar a nuestros vecinos». Las ayudas se destinarán exclusivamente a financiar el importe de los bonos y no cubrirán los gastos derivados del modelo de gestión que elija cada ayuntamiento.
Los municipios dispondrán de autonomía para organizar sus campañas y establecer aspectos como los establecimientos participantes, las condiciones para acceder a los bonos o el sistema elegido para gestionarlos. La Diputación sostiene que cada consistorio deberá hacerlo con el control de sus propios órganos fiscalizadores.
El PSOE apoya las ayudas pero pide más transparencia
Todos los grupos de la corporación provincial han respaldado la resolución. El PSOE también ha votado a favor, aunque ha aprovechado el debate para reclamar al gobierno provincial mayores garantías de transparencia, fiscalización y control sobre el desarrollo del programa.
El diputado socialista Raúl Ruiz ha defendido el respaldo de su grupo porque considera que los 25 millones deben llegar «cuanto antes a los comercios y a las familias» de los municipios de la provincia. Al mismo tiempo, ha reclamado que la gestión se realice «con todas las garantías».
Los socialistas han puesto especialmente el foco en la posible subcontratación de actuaciones vinculadas a las campañas y han pedido que se garantice el cumplimiento de la Ley General de Subvenciones. También han solicitado un informe aclaratorio a Intervención sobre esta cuestión.
Ruiz ha reclamado además claridad sobre las fechas de ejecución y justificación de las ayudas. A su juicio, unas reglas precisas desde el inicio son especialmente importantes en una convocatoria de esta cuantía y con más de un centenar de ayuntamientos beneficiarios.
Desde el equipo de gobierno provincial han rechazado estas críticas y han insistido en que la gestión concreta del Bono Consumo corresponde a cada ayuntamiento. Pastor ha defendido que los consistorios cuentan con «libertad absoluta» para escoger el sistema que consideren más adecuado, siempre sometido a la fiscalización de sus órganos de control.
El diputado provincial también ha señalado que los gastos derivados de esa gestión no se financiarán con las ayudas de la Diputación, que se dedicarán únicamente al valor de los bonos destinados a los consumidores.
El programa busca movilizar el consumo en establecimientos de proximidad y reforzar la actividad económica de los municipios. La Diputación distribuye las ayudas en función de la población y son posteriormente los ayuntamientos los encargados de concretar las características y fechas de sus respectivas campañas.
