La Generalitat ha adjudicado en el último año 224 viviendas de su parque público a familias vulnerables en distintos municipios de la Comunitat Valenciana, con especial peso en la provincia de Valencia y con apoyo de un servicio de acompañamiento social para facilitar su integración.
Según datos de la Generalitat, 143 de estas viviendas se han destinado a familias de la provincia de Valencia, 60 a la de Alicante y 21 a la de Castellón. Este reparto refleja dónde se concentra una mayor demanda de vivienda pública y dónde se han detectado más situaciones de vulnerabilidad residencial.
Los colectivos preferentes que han accedido a estas viviendas públicas son unidades de convivencia formadas por jóvenes, personas mayores de 60 años, familias con menores a su cargo, víctimas de violencia de género, familias monoparentales, numerosas y personas con discapacidad. La selección busca priorizar a quienes tienen más dificultades para acceder al mercado privado del alquiler.
El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha subrayado que una de las prioridades del Consell ha sido asegurar un hogar adecuado a los colectivos más vulnerables. En sus palabras, ‘cuando adjudicamos una vivienda, no solo estamos entregando unas llaves, sino que estamos abriendo las puertas a una vida con mayor estabilidad y seguridad’. Con esta idea, la Generalitat ha vinculado la entrega de pisos públicos a un acompañamiento social continuado.
Acompañamiento social y apoyo económico
En este proceso resulta clave el Servicio de Acompañamiento Social que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) mantiene activo en sus grupos de vivienda pública. Este recurso, financiado por el Fondo Social Europeo, tiene como objetivo que las familias en situación de vulnerabilidad logren una integración real, estable y duradera tanto en su nueva vivienda como en su entorno vecinal.
El equipo de acompañamiento social de la EVHA interviene desde el primer momento. Primero orienta a los nuevos adjudicatarios en los trámites de firma del contrato de alquiler. Después les ayuda en la gestión de los servicios básicos del hogar, como el alta de suministros de agua, luz y gas o la solicitud de bonos sociales que reduzcan su factura.
Además, este equipo realiza un seguimiento personalizado de cada familia para garantizar la viabilidad económica del alquiler a medio y largo plazo. Para ello diseña planes de pago adaptados a la capacidad económica de cada unidad de convivencia y tramita bonificaciones de renta con el fin de evitar el endeudamiento y posibles impagos.
Los profesionales del servicio también ofrecen mediación vecinal cuando surgen conflictos en las comunidades. Ayudan a organizar las comunidades de propietarios y a establecer normas de convivencia claras. Al mismo tiempo, analizan la situación de cada hogar para detectar necesidades educativas, sanitarias o de apoyo social y, en su caso, derivan a otros recursos públicos.
En los procesos de adjudicación de estas viviendas resulta igualmente fundamental la colaboración de los servicios sociales municipales. Estos equipos técnicos valoran la situación de las familias, elaboran los informes necesarios y determinan su realidad socioeconómica. A partir de esta información se decide el acceso a la vivienda pública y el tipo de apoyo que necesita cada caso.
El secretario autonómico ha puesto en valor esta coordinación institucional, que en su opinión ‘da frutos muy positivos’ y demuestra que ‘la suma de esfuerzos entre administraciones es la clave para dar respuestas reales a las necesidades de vivienda’. Estas declaraciones refuerzan la idea de que la política de vivienda pública se apoya en el trabajo conjunto entre Generalitat y ayuntamientos.
Antes de adjudicar una vivienda, la Generalitat inspecciona el inmueble y realiza todas las reparaciones necesarias. El objetivo es entregarlo en condiciones óptimas y con unas garantías mínimas de habitabilidad digna, de modo que las familias puedan iniciar su nueva etapa en un entorno seguro y adecuado.
