El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha denunciado los recortes al trasvase Tajo-Segura, que considera un perjuicio directo para agricultores y sectores productivos, sobre todo en la provincia de Alicante, y ha reclamado un Pacto Nacional del Agua para garantizar la disponibilidad de recursos hídricos en todo el territorio.
Según ha explicado el PPCV en un comunicado, la portavoz de Agua del PP en Les Corts, María Gómez, ha pedido al Gobierno central que abandone lo que ha calificado como ‘decisiones ideológicas’ en materia hídrica y que atienda a los informes técnicos y a las necesidades reales de las cuencas afectadas.
La diputada ha sostenido que la reducción del trasvase Tajo-Segura supone ‘una profunda injusticia’ para la Comunitat Valenciana y ha advertido de que estos recortes se traducen en menos agua disponible para el campo, la industria agroalimentaria y otros sectores vinculados al uso intensivo de agua, con especial incidencia en las comarcas alicantinas más dependientes del regadío.
Impacto del recorte del trasvase
Gómez ha criticado que las últimas decisiones del Ejecutivo ‘no responden a criterios técnicos ni a las necesidades reales del territorio’, y ha acusado al Gobierno de adoptar medidas unilaterales que, a su juicio, generan incertidumbre entre los regantes y los ayuntamientos que dependen del trasvase para asegurar el abastecimiento.
En este sentido, la parlamentaria ha insistido en la necesidad de un Pacto Nacional del Agua que fije reglas estables, que dé seguridad jurídica a los usuarios y que permita planificar inversiones a medio y largo plazo. Según ha destacado, un acuerdo de este tipo debería garantizar el equilibrio entre cuencas y asegurar que territorios como la Comunitat Valenciana dispongan de recursos suficientes incluso en escenarios de sequía prolongada.
La portavoz popular ha recordado que el sector agrario y el turismo son pilares económicos en la Comunitat Valenciana y ha advertido de que una reducción continuada de caudales puede encarecer los costes de producción y afectar al empleo. A su juicio, esto puede obligar a depender más de recursos alternativos como la desalación, que suelen tener un coste energético y económico superior.
El papel del Consell en la gestión del agua
María Gómez ha puesto en valor la actuación del Consell en materia hídrica y ha subrayado que la Comunitat Valenciana lidera la reutilización de agua en España, con cerca del 40 % del total. Ha defendido que este esfuerzo en depuración y reutilización demuestra, según ella, el compromiso del territorio con un uso eficiente y sostenible del recurso.
Además, ha resaltado la inversión prevista por el Consell para 2026, cuando destinará 68,8 millones de euros a infraestructuras hidráulicas. Estas actuaciones tienen como objetivo mejorar el abastecimiento urbano y agrícola, reforzar la resiliencia frente a fenómenos extremos como sequías o lluvias torrenciales y modernizar redes de distribución y depuración.
Entre las principales actuaciones, Gómez ha citado proyectos en la Acequia Real del Júcar y el desarrollo del Plan Vega Baja, orientado a reforzar la protección de esta comarca alicantina frente a episodios de lluvias intensas y a optimizar el uso del agua disponible. También ha mencionado las obras del postrasvase Júcar-Vinalopó, que suman una inversión de 30 millones de euros para mejorar la disponibilidad de recursos en zonas especialmente vulnerables del sur de la Comunitat Valenciana.
La diputada ha defendido que estas inversiones del Consell buscan complementar, y no sustituir, los aportes del trasvase Tajo-Segura, que siguen siendo estratégicos para el desarrollo económico y social de muchas localidades alicantinas. Por ello, ha insistido en que el Gobierno central debe revisar los recortes aplicados y sentarse a negociar un marco de consenso amplio sobre el agua.
En su valoración, Gómez ha reiterado que ‘la planificación hidrológica no puede basarse en decisiones unilaterales’ y ha reclamado que se escuche a las comunidades autónomas receptoras, a los regantes y a los agentes económicos afectados. Solo así, ha concluido, se podrá alcanzar un pacto estable que garantice agua en cantidad y calidad suficientes para la Comunitat Valenciana y el conjunto de España.
