La supresión de 18 refuerzos judiciales en la Comunitat Valenciana, de un total de 72 eliminados en toda España, ha dejado en el aire unos 5.520 expedientes y ha encendido las críticas del Consell, que considera que el territorio asume una carga desproporcionada respecto al resto de autonomías.
Según ha explicado la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, la decisión se ha comunicado en la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, celebrada de forma telemática y convocada por el Ministerio de Justicia, en la que ha participado la Generalitat.
Martínez ha tildado la medida de ‘nuevo agravio’ del Gobierno central hacia la Comunitat Valenciana. A su juicio, la decisión obliga a la autonomía a soportar ‘una cuarta parte’ de todas las supresiones de refuerzos judiciales que se han acordado en el conjunto del país.
‘El Ejecutivo de Pedro Sánchez, con sus decisiones, ha vuelto a ultrajar una vez más nuestra autonomía. Nos obliga a asumir la pérdida de 18 refuerzos judiciales de los 72 que se suprimen en el conjunto nacional y eso no lo podemos consentir. No es de recibo que la Comunitat Valenciana tenga que asumir una cuarta parte de la supresión total de refuerzos judiciales’, ha criticado la consellera, que ha insistido en que es la autonomía ‘más agraviada’.
Impacto en expedientes y cláusulas suelo
Fuentes de la Generalitat han detallado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado de que, con esta supresión de efectivos, quedarán suspendidos en la Comunitat Valenciana alrededor de 5.520 expedientes. Una parte relevante de esos asuntos corresponde a juzgados especializados en cláusulas suelo y en cláusulas abusivas con muchos afectados.
Ante este escenario, la titular de Justicia ha instado al ministro a que reconsidere su postura y mantenga los refuerzos. Según ha indicado, estos efectivos son necesarios para garantizar una respuesta judicial ágil y eficaz en órganos que ya soportan una elevada carga de trabajo.
Para Martínez, el ministro de Justicia es ‘conocedor de este agravio’, que en su opinión supone ‘una merma en los derechos de los valencianos’. Por ello, ha asegurado que ‘ya le hemos pedido en reiteradas ocasiones, en esta conferencia sectorial una vez más, que prorrogue estos refuerzos judiciales tan necesarios para garantizar una respuesta judicial ágil y eficaz’.
La consellera ha subrayado que con la decisión adoptada ‘queda patente la falta de sensibilidad del Gobierno de España, porque muchos de los refuerzos suprimidos están especializados en causas con muchos afectados, como las de cláusulas abusivas’. Ha advertido además de que la eliminación de estos recursos tendrá consecuencias directas sobre los tiempos de tramitación y la acumulación de asuntos.
Según ha recordado, la medida implica ‘un claro perjuicio‘ para el funcionamiento de la Administración de Justicia y para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. En su opinión, el recorte ‘impacta en órganos que soportan una considerable carga de trabajo y que son claves para garantizar una respuesta judicial eficaz y ágil’.
‘Los valencianos tienen derecho a una tutela judicial efectiva, a que sus procedimientos no se demoren en exceso; por eso la continuidad de estos refuerzos supone una garantía, por tanto, además de beneficiar a jueces y funcionarios beneficia también a la ciudadanía, que es a quien nos debemos’, ha explicado Martínez.
La consellera ha remarcado que gran parte de los refuerzos que el Gobierno ha decidido no prorrogar habían sido considerados técnicamente necesarios para asegurar el funcionamiento normal de los órganos afectados. Todos ellos contaban, ha apuntado, con un informe favorable de la Inspección del CGPJ que avalaba su continuidad.
Martínez ha insistido en que ‘el Consell no ceja en su empeño de descongestionar y dignificar la Administración de Justicia’. Ha destacado que la Generalitat está trabajando en medidas para reducir la sobrecarga de trabajo de los órganos judiciales y mejorar su capacidad de respuesta.
En este contexto, ha reclamado al Gobierno central ‘un compromiso para que dote con los recursos necesarios a los juzgados como lo hace la Generalitat‘. La responsable autonómica ha defendido que, sin ese apoyo estatal, el esfuerzo que realiza la administración valenciana resulta insuficiente para aliviar la saturación que sufren muchos juzgados de la Comunitat Valenciana.
