El anteproyecto de la nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana establece que el 40 % de la edificabilidad residencial en suelo urbanizable se destine a vivienda protegida, mientras que en las actuaciones de reforma o renovación en suelo urbano la reserva será del 20 %.
El Consell ha aprobado una reforma integral de la normativa territorial y urbanística que presta especial atención al acceso a la vivienda y a la agilización de los nuevos desarrollos residenciales.
La ley sustituirá al actual Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, una regulación que ha experimentado sucesivas modificaciones desde 2014. El nuevo texto pretende eliminar contradicciones, simplificar procedimientos y mejorar la seguridad jurídica.
El anteproyecto se ha elaborado mediante un proceso participativo con administraciones, organizaciones sociales y ciudadanía. La regulación combina la reducción de cargas administrativas con la protección del territorio, el medio ambiente y el paisaje.
Más suelo para vivienda protegida
Las reservas previstas para vivienda sometida a protección pública se adaptan a la legislación básica estatal. El porcentaje alcanzará el 40 % en nuevos sectores residenciales de suelo urbanizable y el 20 % en actuaciones de transformación dentro de las ciudades.
La norma busca que el crecimiento urbanístico contribuya a ampliar la oferta de vivienda asequible y facilite la aplicación de las políticas públicas residenciales.
El texto también prioriza la rehabilitación del parque inmobiliario existente, la eficiencia energética y la movilidad sostenible como alternativas a un modelo basado exclusivamente en la expansión urbana.
Cambios en los planes generales
El Plan General se convertirá en un documento de carácter estratégico, encargado de establecer el modelo territorial y las grandes líneas de desarrollo de cada municipio.
Los detalles sobre usos, parcelas, edificabilidad o alineaciones se concretarán posteriormente mediante el planeamiento de desarrollo. Esta distribución permitirá aprobar y modificar los planes municipales con una mayor agilidad.
La planificación territorial coordinará las necesidades residenciales con el desarrollo industrial, las infraestructuras, el transporte y la protección ambiental.
Una planificación adaptada al medio rural
Los municipios pequeños o en riesgo de despoblación podrán recurrir al nuevo Plan Urbanístico Simplificado. Este instrumento reducirá la documentación técnica y establecerá procedimientos proporcionados a las necesidades de las localidades rurales.
La futura ley también aclara la regulación del suelo no urbanizable y establece dos categorías: suelo común y suelo protegido. Cada una tendrá un régimen diferenciado de usos y actuaciones.
En el ámbito de la gestión urbanística, el texto permite combinar la iniciativa municipal, la participación de los propietarios y las fórmulas de colaboración público-privada.
Regularización de edificaciones preexistentes
Las construcciones que ya existen fuera de ordenación podrán someterse a órdenes individualizadas de minimización. Estas resoluciones exigirán medidas que garanticen unas condiciones adecuadas de seguridad, salubridad e integración paisajística.
La norma pretende ofrecer una respuesta específica a estas edificaciones sin renunciar al control urbanístico ni a la protección del entorno.
Nuevas fórmulas para acelerar licencias
El anteproyecto diferencia con mayor claridad las obras sujetas a licencia de aquellas que pueden tramitarse mediante declaración responsable.
Además, crea una licencia básica centrada en los aspectos esenciales de cada proyecto. Esta autorización permitirá avanzar determinadas actuaciones sin esperar a la resolución completa de todos los elementos del expediente.
La Agencia Valenciana de Protección del Territorio reforzará la vigilancia de la legalidad urbanística para unificar criterios y mejorar la respuesta ante actuaciones irregulares.
La ley incorpora, además, los Proyectos de Interés Autonómico, que podrán aprobarse en seis meses cuando necesiten licencia ambiental y en nueve meses cuando requieran una Autorización Ambiental Integrada.
