La Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid han acordado reforzar su colaboración para defender una política nacional del agua, una nueva Política Agraria Común que garantice la rentabilidad de las explotaciones y una mayor protección del sector agroalimentario frente a la competencia desleal de terceros países.
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, se ha reunido este martes en Madrid con el consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo. Ambos responsables han coincidido en la necesidad de coordinar posiciones entre comunidades autónomas.
El encuentro ha abordado la aplicación de las mismas condiciones a los productos europeos y a los importados, la planificación de las infraestructuras hidráulicas y las prioridades que debería incorporar el próximo marco de la PAC.
Barrachina ha señalado que «la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid comparten una visión clara: el agua debe ser una política de Estado y el campo español no puede competir en desventaja frente a productos que llegan de fuera de la Unión Europea sin las mismas exigencias».
Cláusulas espejo para los productos importados
Los dos gobiernos autonómicos han defendido la necesidad de aplicar una igualdad de trato efectiva a los productos agroalimentarios que llegan al mercado europeo.
Barrachina ha destacado que los agricultores y ganaderos españoles cumplen normas exigentes en materia de sanidad vegetal y animal, bienestar, trazabilidad y sostenibilidad. Por este motivo, ha reclamado que los alimentos importados respeten condiciones equivalentes.
El conseller y Novillo han analizado la posición común sobre reciprocidad impulsada por la Comunitat Valenciana y aprobada el pasado 26 de marzo por todas las comunidades autónomas.
El acuerdo fue remitido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su incorporación a la posición negociadora de España. Posteriormente, también se trasladó al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.
La propuesta reclama cláusulas espejo efectivas y verificables en los acuerdos comerciales. También plantea reforzar los controles fitosanitarios, mejorar los sistemas europeos de vigilancia y aumentar la transparencia sobre los flujos de importación.
Además, las comunidades autónomas piden mecanismos ágiles para activar salvaguardas comerciales cuando se detecten incumplimientos o alteraciones graves del mercado.
Barrachina ha afirmado que «la reciprocidad no es proteccionismo, es justicia». Según ha añadido, «si Europa exige a sus agricultores determinados estándares, debe garantizar que los productos importados compitan bajo las mismas reglas. Sin igualdad de trato no hay competencia leal».
Esta situación afecta especialmente a sectores estratégicos de la agricultura valenciana. Entre ellos figuran los cítricos, las frutas, las hortalizas y el arroz, que afrontan una creciente presión de las producciones procedentes de terceros países.
Un Pacto Nacional del Agua basado en el consenso
En materia hídrica, Barrachina y Novillo han defendido una política estatal basada en el consenso, la solidaridad territorial y la planificación técnica. También han reclamado más inversión en infraestructuras.
El conseller ha considerado necesario alcanzar un Pacto Nacional del Agua estable y alejado de enfrentamientos partidistas. A su juicio, la gestión hídrica resulta esencial para la cohesión territorial, la seguridad alimentaria y la competitividad empresarial.
Ambos responsables han planteado priorizar las infraestructuras hidráulicas y modernizar las redes de distribución. También han abogado por impulsar la digitalización, reducir las pérdidas de agua y avanzar en la regeneración y la reutilización.
La planificación deberá reforzar, además, la capacidad de respuesta de los territorios frente a los periodos de sequía y los episodios de inundaciones.
Barrachina ha asegurado que «la política del agua no puede decidirse contra los territorios que producen alimentos ni contra quienes gestionan el recurso cada día».
Por ello, ha reclamado que las comunidades autónomas, los regantes, los usuarios y los sectores productivos participen de forma efectiva en cualquier reforma de la planificación hídrica.
El conseller también ha defendido que la aplicación de nuevas normas de explotación se apoye en evaluaciones objetivas, información técnica verificable y transparencia. Estos análisis deberán medir los efectos económicos, sociales y ambientales sobre los territorios afectados.
Rentabilidad y menos burocracia en la nueva PAC
El encuentro también ha permitido abordar la futura Política Agraria Común. La Comunitat Valenciana y Madrid consideran prioritario que el nuevo marco europeo proteja la rentabilidad de las explotaciones y reduzca la carga administrativa.
Ambos gobiernos autonómicos han reclamado medidas para favorecer el relevo generacional y asegurar la continuidad de la actividad agrícola y ganadera.
También han advertido del aumento de las obligaciones normativas que soportan los productores europeos. Por este motivo, han pedido una PAC más sencilla, adaptada a la realidad del sector y centrada en garantizar su competitividad.
