La provincia de Alicante ha registrado 2.062 solicitudes de asilo en 2025, frente a las 2.510 contabilizadas en 2024, lo que supone un descenso del 17%, según el informe anual sobre la situación de las personas refugiadas en España y Europa presentado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). La caída alicantina se sitúa por encima del retroceso autonómico, ya que en el conjunto de la Comunitat Valenciana las peticiones han bajado un 12,6%, al pasar de 7.981 solicitudes a 6.976 en el último año.
El descenso alicantino forma parte de una tendencia más amplia que también se ha producido en España, donde las solicitudes de protección internacional han disminuido un 13,7%. En el caso valenciano, la provincia de València concentra el mayor número de peticiones, con 3.540, aunque también registra una bajada respecto a las 4.476 del ejercicio anterior. En cambio, Castellón ha aumentado sus solicitudes, al pasar de 995 a 1.373.
Descenso por acuerdos migratorios y cambios normativos
La reducción de solicitudes se vincula, según advierte la entidad especializada en atención a personas refugiadas, con la menor llegada de personas migrantes por los acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y con el efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería, que no permite computar el tiempo de espera durante la resolución del asilo para acceder a distintos tipos de arraigo.
Venezuela se mantiene como la primera nacionalidad entre las personas solicitantes, aunque también han bajado las peticiones procedentes de Colombia, Perú o Senegal. La organización señala que el proceso de regularización está suavizando en parte ese efecto, aunque de forma temporal.
La entidad alerta además de que el descenso de solicitudes no implica una menor necesidad de protección internacional. Al contrario, advierte de que los conflictos, la violencia, la inestabilidad política, la crisis climática y las vulneraciones de derechos se han seguido intensificando en distintos puntos del mundo.
Advertencia por el nuevo marco europeo
El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el 12 de junio, plantea, según la organización, «importantes desafíos» para los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Entre los aspectos más sensibles, destaca la lista común de países considerados seguros, que incluye Estados con déficits en derechos humanos como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez.
También alerta sobre el futuro Reglamento de Retorno, al considerar que supone «graves riesgos para los derechos humanos» por prever detenciones prolongadas o expulsiones a centros de deportación en terceros países, incluso sin vínculo previo entre la persona afectada y ese territorio. Esta medida, según subraya, sigue el modelo Italia-Albania, paralizado por la Justicia italiana y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Menor reconocimiento del asilo en España
La tasa de reconocimiento de asilo en España ha descendido más de siete puntos, hasta situarse en el 11%. Este dato coloca al país en el antepenúltimo lugar de la Unión Europea en resoluciones favorables, solo por delante de Croacia y Chipre.
La organización también advierte de que las políticas de externalización de fronteras han provocado una reducción considerable de las llegadas a las costas canarias, con un 62% menos que el año anterior. Sin embargo, las llegadas a Baleares han aumentado un 24,5%, consolidando una nueva ruta.
Además, el 15% de las llegadas a costas corresponde a niñas, niños y adolescentes sin referentes familiares. En total, 581 menores no acompañados han sido derivados desde Canarias a otras comunidades autónomas en 2025.
La coordinadora de la entidad en València, Mercedes Ena, ha advertido de la importancia del padrón para garantizar el acceso efectivo a derechos básicos. «El padrón es una obligación legal de la ciudadanía y un deber de la administración local. Sin empadronamiento, en la práctica, se limita el acceso a derechos básicos. Es imprescindible que se agilicen y se cumpla la normativa relativa a los empadronamientos especiales para aquellas personas que sufren exclusión y discriminación residencial», ha señalado.
Asimismo, el informe concluye que «la escalada del racismo y la xenofobia continúan constituyendo barreras estructurales en los procesos de inclusión» y apunta que los delitos e incidentes de odio vinculados al racismo y la xenofobia han aumentado un 23,6% en 2025.
