El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una inversión de 83,78 millones de euros para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana. Los contratos afectan a tramos situados en las provincias de Alicante y Castellón y contemplan trabajos de mantenimiento, vialidad y seguridad.
La actuación incluye la conservación de 354 kilómetros de carreteras, entre ellos 160 kilómetros de autovía. El objetivo es mantener las condiciones de circulación y reforzar la seguridad en vías estratégicas como la A-31, A-33, A-7, A-70, A-77, A-77A, N-344, N-330, N-340, N-232, N-232A y N-238.
En la provincia de Alicante, el Gobierno ha autorizado dos lotes. El primero cuenta con 35,8 millones de euros y se centra en el sector 1 de carreteras, con actuaciones en la A-31, A-7, A-70, A-77, A-77A y N-330, además de enlaces y vías de servicio.
Este contrato incluye también la iluminación de los ramales del enlace de la A-31 de acceso al Puerto de Alicante con la glorieta de México. Además, se prevé una reordenación del enlace de la A-7 con la AP-7 y la CV-875, en el entorno de Crevillent.
El segundo lote de Alicante asciende a 31,7 millones de euros y se dirige al sector 2 de carreteras. Afecta a la N-344, la A-33 y la A-31, así como a los ramales de enlace entre la A-33 y la A-31. También se ejecutarán carriles de cambio de velocidad y un carril de trenzado en varios puntos de la autovía A-31.
En Castellón, la inversión autorizada alcanza los 16,2 millones de euros. El contrato permitirá actuar en 164,8 kilómetros del sector 2 de carreteras de la provincia, con trabajos en la N-340, N-232, N-232A y N-238.
Los contratos tendrán una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de otros dos años y una adicional de hasta nueve meses. Los trabajos incluyen vigilancia, atención a accidentes, vialidad invernal, mantenimiento de instalaciones, comunicaciones, gestión de incidencias y estudios de seguridad vial.
Además, los pliegos incorporan medidas para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones. Entre ellas figuran el autoconsumo, el ahorro energético en iluminación, la implantación de vehículos eléctricos y la presentación de un plan de descarbonización por parte de la empresa adjudicataria durante los primeros seis meses de contrato.
