Un jurado popular ha declarado culpables de un delito de homicidio a un hombre y a una mujer por la muerte y el posterior descuartizamiento del propietario de la vivienda en la que convivía la acusada, situada en el barrio de Virgen del Carmen de Alicante, unos hechos ocurridos en junio de 2024.
El jurado ha alcanzado el veredicto de culpabilidad por siete votos a favor y dos en contra, tras más de siete horas de deliberación en la Audiencia de Alicante.
Los miembros del tribunal han argumentado que, estadísticamente, en la mayoría de casos de descuartizamiento se ha producido antes un crimen. Además, han considerado que el cuerpo presentaba signos de violencia, como la fractura de los huesos de la nariz descrita en los informes forenses.
Los hechos juzgados se remontan a junio de 2024, cuando aparecieron los primeros restos del cadáver de la víctima abandonados en una partida rural de Alicante. A partir de ese hallazgo se ha iniciado la investigación policial.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los dos procesados han matado al dueño de la vivienda con la intención de quedarse con el uso del inmueble y con la pensión que cobraba. Después, siempre según esta versión, han procedido a descuartizar el cuerpo y a prenderle fuego para eliminar pruebas.
Investigación y petición de penas
La acusación pública ha explicado que la Policía ha podido identificar al fallecido gracias a sus huellas dactilares. Ese dato ha permitido reconstruir lo sucedido y dirigir la investigación hacia los dos encausados.
La mujer convivía con la víctima en la vivienda, después de entablar una relación de amistad con él y asumir tareas de cuidado. Su pareja acudía también con frecuencia al domicilio, según se ha expuesto durante el juicio.
Con estos elementos, la Fiscalía ha solicitado una condena de 17 años de prisión para cada uno de los acusados como autores de un delito de homicidio. Tras conocerse el veredicto del jurado, la acusación pública ha mantenido su petición de penas.
Por su parte, las defensas, ejercidas por los letrados Miguel Ángel Cánovas y Miguel Ángel Garijo, han rechazado en todo momento la versión de la Fiscalía. Han sostenido que el hombre pudo fallecer por un infarto y que no existen pruebas concluyentes de una agresión mortal.
Los abogados han defendido que los dos acusados decidieron deshacerse del cuerpo para evitar problemas legales. Según su relato, temían que se les acusase de no haberse percatado a tiempo del fallecimiento y de no haber avisado de inmediato a los servicios de emergencia.
Tras la lectura del veredicto, las defensas han insistido en la petición de libre absolución y, de forma alternativa, han reclamado que se imponga la pena mínima que prevea la ley.
Asimismo, han avanzado que presentarán un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Consideran que el veredicto de culpabilidad carece de motivación suficiente y que el razonamiento basado en la estadística resulta, a su juicio, débil.
Los letrados han recordado que los informes periciales han señalado que resulta imposible determinar con certeza la causa concreta de la muerte. A partir de ese punto, entienden que no se ha acreditado de forma plena la comisión del homicidio.
La magistrada que ha presidido el tribunal del jurado debe dictar ahora sentencia a la vista del veredicto de culpabilidad. En esa resolución fijará de forma definitiva las posibles penas para cada uno de los acusados.
