ASAJA Alicante ha exigido medidas urgentes ante la falta de mano de obra en el campo alicantino, una situación que, según denuncia la organización agraria, amenaza la viabilidad de cultivos estratégicos de la provincia y ya ha dejado parte de la cosecha sin recoger en algunas campañas.
La entidad advierte de que la escasez de trabajadores no es un problema puntual, sino una dificultad estructural que se ha agravado durante los últimos años. Según sostiene, cultivos como el níspero, la cereza, la breva o la uva de mesa encuentran cada vez más obstáculos para contratar personal suficiente durante la recolección, incluso cuando la producción y la demanda en los mercados son favorables.
El presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, denuncia que «el problema ya no es producir ni vender; el problema es encontrar personas dispuestas a trabajar en el campo». La organización considera que esta falta de personal está condicionando la planificación de las explotaciones y, según afirma, puede empujar al abandono de cultivos ante la falta de garantías para cubrir las campañas.
Fruta de calidad que se queda en los árboles
Uno de los casos más significativos se ha registrado en la campaña del níspero. Rafael Gregori, productor de Callosa d’en Sarrià, estima que alrededor del 10% de la cosecha se ha quedado sin recoger por falta de personal.
«Este año hemos trabajado con diez personas cuando el año pasado éramos dieciséis. Había fruta de calidad y demanda en el mercado, pero no hemos encontrado más trabajadores», explica el agricultor. Gregori añade que incluso cooperativas con mayor capacidad económica tienen dificultades para completar sus plantillas.
El productor también señala el límite económico que afrontan muchas explotaciones. «Ojalá pudiera pagar más, pero si el agricultor no recibe mejores precios por su producto, no puede asumir más costes», afirma.
Desde el sector insisten en que la falta de mano de obra afecta de forma especial a cultivos que dependen de una recolección manual especializada. Por ello, ASAJA Alicante reclama cambios que permitan adaptar la normativa laboral a la realidad de las campañas agrícolas y facilitar la incorporación de trabajadores temporales.
Obstáculos administrativos y laborales
La organización agraria sostiene que el problema no se explica únicamente por los salarios. Según defiende, muchas explotaciones han dependido tradicionalmente de personas que buscaban complementar sus ingresos durante unos meses, pero las actuales exigencias administrativas y laborales dificultan esa incorporación.
ASAJA Alicante señala que algunos trabajadores renuncian a participar en las campañas porque temen perder prestaciones o verse perjudicados en su situación laboral. En este sentido, José Antonio Cazorla, productor de uva de mesa en Novelda, denuncia el caso de trabajadores mayores de 52 años que rechazan incorporarse al campo por el impacto económico que puede tener el cambio de régimen de cotización.
«Hay trabajadores que perderían alrededor de 400 euros si pasan a trabajar en agricultura. Después necesitan volver a cotizar durante un año en el régimen general para recuperar esa situación. Al final prefieren no venir al campo», lamenta.
A juicio de la entidad, estos casos evidencian la necesidad de compatibilizar determinadas prestaciones con el trabajo estacional y reducir los obstáculos burocráticos que dificultan la contratación temporal agraria.
El productor de brevas Roque Bru, de Elche, reclama también una reducción de la carga administrativa que soportan las explotaciones. ASAJA Alicante defiende que la situación requiere una respuesta urgente de las administraciones para evitar que la falta de trabajadores termine afectando a más campañas.
«Estamos hablando de cultivos que generan empleo, riqueza y actividad económica en nuestras comarcas. No podemos permitir que se quede fruta en los árboles o que la cosecha se pierda porque faltan manos para recogerla», concluye Ramón Espinosa, secretario técnico de ASAJA Alicante.
La organización agraria también plantea la necesidad de mejorar la ordenación de los flujos migratorios como vía para ampliar la oferta laboral. Además, considera que el Gobierno central debe delegar competencias en materia de Extranjería a las comunidades autónomas para evitar situaciones que, según sostiene, generan bloqueo y saturación.
