Ocho propietarios de viviendas del residencial Les Naus, en la Playa de San Juan de Alicante, han asegurado este viernes ante la jueza instructora que «cumplían todos los requisitos para acceder a los pisos», en el marco de la causa judicial que investiga la adjudicación de estas viviendas y que ha derivado en un fuerte terremoto político en el Ayuntamiento de Alicante.
Según han trasladado a los medios los abogados de las acusaciones populares presentes en la sala, estaban citadas diez personas. Una de ellas, el suegro de la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, ya había comparecido el pasado 20 de mayo. Otra persona no ha acudido al juzgado al aportar un informe médico justificando su ausencia.
Entre los citados, una persona ha declarado por videoconferencia desde Alemania y dos de los propietarios que sí se han presentado en sede judicial se han acogido a su derecho a no declarar. El resto ha respondido a las preguntas, centradas en las condiciones económicas y en la composición de sus unidades de convivencia a la hora de solicitar las viviendas.
Interpretación de la unidad de convivencia
El abogado de la acusación popular que representa al PSPV-PSOE, Fernando Cazorla, ha explicado que «algunos de los propietarios investigados han ofrecido una interpretación particular de la unidad de convivencia para justificar que no se incluyeran los ingresos del cónyuge en la documentación presentada». Han sostenido que «la vivienda se asignaba únicamente a la persona que aportaba los datos, aunque estuviera casada, lo que, en palabras de Cazorla, son situaciones un poco rocambolescas».
La abogada de la acusación popular de Ciudadanos, Mamen Peris, ha subrayado que «el concepto de unidad de convivencia se estudia en primero de derecho y ha recordado que, según el Código Civil, el matrimonio se presupone del mismo techo, lecho y mesa». A juicio de la letrada, este principio implica que, «salvo situaciones acreditadas de separación, los ingresos de ambos cónyuges deben considerarse conjuntamente a la hora de valorar el acceso a este tipo de viviendas».
Por otro lado, el investigado que ha declarado por videoconferencia desde Alemania ha indicado que, cuando solicitó la vivienda, consignó cero ingresos en el formulario. Según ha expuesto el abogado de la acusación popular, Javier García-Ontiveros, este propietario ha argumentado que «la promotora Fraorgi, encargada de gestionar la cooperativa de viviendas, le indicó que los ingresos que debía reflejar eran únicamente los obtenidos en España, y no los procedentes de Alemania, país en el que trabajaba».
Respecto a la arquitecta municipal Elsa Lloret, casada con el funcionario que visó los contratos de adjudicación, García-Ontiveros ha detallado que en su declaración ha explicado que «no incluyó los ingresos de su marido porque quería la vivienda para residir solo ella con su hija, que su marido no iba a vivir con ella». No obstante, la arquitecta ha admitido que «no está divorciada ni separada, lo que sitúa el foco sobre cómo se valoró su unidad familiar a efectos de las condiciones exigidas».
La tormenta política tras el caso Les Naus
El caso de Les Naus, definido como escándalo por el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha desatado una intensa tormenta política en la ciudad desde que se conoció a finales de enero.
La investigación ha provocado la dimisión de la entonces concejal popular de Urbanismo y de una directora general municipal, así como la renuncia del funcionario autonómico encargado de examinar los expedientes de adjudicación.
Además del procedimiento judicial, se han puesto en marcha comisiones de investigación tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en Les Corts Valencianes para aclarar el proceso de adjudicación de estas viviendas y depurar posibles responsabilidades políticas y administrativas. Este tipo de órganos permiten a los grupos parlamentarios y municipales solicitar documentación, escuchar comparecencias y formular conclusiones sobre lo ocurrido.
