La Generalitat ha presentado nuevas medidas para avanzar en la inclusión sociolaboral dentro de la administración autonómica y reducir la brecha salarial en determinados cuerpos de la función pública. Las propuestas han sido trasladadas este viernes en la Mesa Sectorial de Función Pública y han contado con el respaldo unánime de los sindicatos.
La secretaria autonómica de Administración Pública, Eva Palomares, ha destacado entre las actuaciones la creación de una nueva figura profesional: el técnico de inclusión social. Este perfil tendrá como finalidad acompañar la incorporación de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que accedan a un empleo público.
Palomares ha explicado que esta figura estará “destinada a acompañar y facilitar la integración laboral de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que accedan a la función pública. En concreto se crearán 15 puestos que dependerán de la Dirección General de Función Pública”.
La medida responde a la experiencia acumulada por la Generalitat en sus ofertas de empleo público. La administración autonómica reserva un cupo no inferior al 10 % de las vacantes para personas con discapacidad o diversidad funcional. Dentro de ese porcentaje, al menos el 5 % se destina a personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.
El reparto establece una reserva específica del 3 % para personas con discapacidad intelectual y del 2 % para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Según la Generalitat, esta experiencia ha permitido detectar la necesidad de reforzar el acompañamiento durante los primeros meses de incorporación y en los procesos de adaptación funcional.
Más salario para categorías de entrada
La Mesa Sectorial también ha abordado medidas destinadas a corregir desigualdades retributivas dentro de la Administración de la Generalitat. La propuesta incluye el incremento del complemento de destino de puestos de entrada en distintos cuerpos y escalas del subgrupo A2.
En concreto, estos puestos pasarán de nivel 16 a 18 y de 17 a 18, según cada categoría. Con este cambio, la administración busca mejorar la clasificación profesional y reducir diferencias salariales en puestos de características similares.
Otra de las actuaciones previstas es la financiación de la implantación efectiva del cuerpo técnico de gestión en Educación Infantil, recogido en la Ley de Función Pública Valenciana. Esta medida contempla una promoción interna específica para 134 profesionales que actualmente pertenecen al cuerpo de especialistas de Educación Infantil.
La iniciativa se completará con la amortización y creación de nuevos puestos ajustados a la nueva clasificación profesional. En conjunto, las tres medidas tendrán un coste total de 3.761.995,04 euros.
Estas actuaciones se integran en el Programa temporal de lucha contra la brecha salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos, previsto para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.
Segunda actividad en mutuas
La reunión también ha incluido una propuesta relacionada con el personal sanitario de la Administración de la Generalitat. El planteamiento permitiría que profesionales de los cuerpos de Medicina del Trabajo, Medicina y Enfermería puedan desarrollar una segunda actividad asistencial en mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana.
Esta compatibilidad exigirá una autorización expresa de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública. Además, la actividad no podrá coincidir en horario con el puesto principal y deberá desarrollarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada.
La Generalitat ha precisado que esta medida no tendrá impacto presupuestario para la administración autonómica. Las compatibilidades se concederán siempre que quede garantizado el cumplimiento correcto de las obligaciones en ambos puestos de trabajo.
