La Policía Nacional cifra en algo más de 100.000 euros el caso del supuesto fraude por la gestión de unos bonos consumo de los años 2022 y 2023 que llevó a la detención, el pasado día 13, del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño.
Baño fue arrestado durante unas horas en su condición también de presidente de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme) por unos bonos para incentivar el consumo y el comercio local impulsados en 2022 y 2023 por la Diputación de Alicante, que entonces estaba presidida por Carlos Mazón, del PP.
Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), el magistrado titular de la Plaza 4 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha acordado en un auto notificado este viernes levantar el secreto de les actuaciones para que las partes puedan acceder a ellas.
Causa abierta
La causa está abierta inicialmente por un presunto delito de estafa y fraude en subvenciones donde figura únicamente un investigado Carlos Baño, quien presenció el día de su arresto el registro de la sede de Facpyme por orden judicial, jornada donde los agentes también buscaron documentación en un trastero de la patronal.
El magistrado incoó estas diligencias previas el pasado mes de febrero, tras recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez había estado investigando esos hechos en el marco de unas diligencias preprocesales a raíz de una denuncia de la Agencia Antifraude.
Las diligencias judiciales abiertas, cuyo secreto se ha levantado hoy, versan sobre posibles irregularidades en la gestión del bono comercio de la Diputación de Alicante para municipios de la provincia durante los años 2022 y 2023 a través de Facpyme, y una sociedad mercantil supuestamente instrumental propiedad de esta federación, concretamente Nexo Retail Alicante SL.
Investigación
Los investigadores de la Policía cifran inicialmente ese posible fraude por cantidades sin justificar en algo más de 100.000 euros, según las mismas fuentes.
Las ayudas impulsadas por la Diputación de Mazón se elevaron en el trienio 2022-24 a 58 millones de euros para dinamizar el consumo local y rebajar la cesta de la compra a los ciudadanos en un contexto de alta inflación tras la pandemia sanitaria de la Covid-19 y la guerra de Ucrania, con un bono consumo que cubría el 50 por ciento de la compra de productos.
Los ayuntamientos de la provincia beneficiarios encargaron su gestión a entidades colaboradoras, como fue el caso de Nexo Retail Alicante SL.
