El alcalde de Alicante, Luis Barcala, asegura sentirse “víctima de una cacería en la que absolutamente todo vale con tal de difamar, ensuciar y emponzoñar». Y denuncia una “sucia campaña de acoso y derribo” contra su persona y su familia tras la publicación de una información que cuestiona la situación de una vivienda de protección pública (VPP) adquirida por su esposa en 2006.
La noticia en cuestión publicada por un medio digital señala que la mujer del alcalde compró ese año una vivienda protegida en Alicante, ya casada con él, en la que —según esa versión— nunca habría residido y que actualmente estaría alquilada. El inmueble, de unos 90 metros cuadrados, forma parte de una promoción de VPO y fue adquirido mediante subrogación en un préstamo hipotecario. La información apunta además a la obligación general de destinar este tipo de viviendas a residencia habitual.
Ante estas afirmaciones, Barcala ha querido “dejar clarísimo” que la vivienda en cuestión fue calificada el 28 de abril de 2005 como vivienda de nueva construcción de protección pública destinada exclusivamente al arrendamiento, dentro de un edificio en el que 12 inmuebles tenían esa condición específica.
Según ha explicado, en este régimen “no es para uso propio de los compradores”, sino que el promotor podía vender esas viviendas a terceros que asumieran el compromiso de destinarlas al alquiler dentro de los precios máximos fijados oficialmente. “No es alquiler con opción de compra como se ha publicado. Es vivienda calificada para arrendamiento y así consta en la calificación definitiva”, afirma en su respuesta.
El alcalde sostiene que, en estos casos, “no es el comprador el que debe reunir requisitos específicos para la compra, sino el arrendatario que finalmente la ocupe”, y añade que “la obligación del comprador no es ocuparla”, sino respetar el régimen de arrendamiento y las rentas máximas autorizadas.
Barcala asegura que desde la adquisición “se ha cumplido escrupulosamente desde el primer minuto toda la normativa” y que los arrendamientos se han realizado incluso por debajo del precio máximo permitido.
Barcala ha enmarcado la publicación en plena polémica por las VPP de Les Naus y ha defendido que el Ayuntamiento ha actuado “desde el primer momento” para esclarecer lo ocurrido. En esa línea, ha afirmado que el consistorio “abrió un expediente de averiguación de hechos de forma inmediata”, que se tramitaron “expedientes informativos a funcionarios” y que el Ayuntamiento presentó “una denuncia ante la Fiscalía”. Además, ha asegurado que se ha anunciado la creación de una comisión de investigación y que, a instancia de la Generalitat, la Policía Local ha realizado inspecciones en la urbanización para comprobar quién reside allí y si se cumplen los requisitos.
En este contexto, recalca que el consistorio “ni ha adjudicado las viviendas ni ha validado el cumplimiento de los requisitos por parte de los adjudicatarios”, responsabilidades que atribuye a la cooperativa promotora y a los órganos competentes de la Generalitat
“Esto no va a alterar en lo más mínimo mi decidida actuación en perseguir y esclarecer los hechos”, subraya Barcala, quien insiste en que lo ocurrido con la vivienda adquirida por su esposa “no tiene absolutamente nada que ver con el asunto de Les Naus” y que lo que se está produciendo es “la cacería a la persona”. «Y donde ya lo importante no es que las cosas sean de una manera o de otra, sino que se trata de atacarme por tierra, mar y aire a mí y ya a mi familia», ha aseverado.
Respaldo del Consell
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha respaldado públicamente la actuación del alcalde y ha afirmado que ha actuado “con rapidez” en la gestión de las viviendas de protección pública de Les Naus. Preguntado por las peticiones de dimisión planteadas por la oposición, ha señalado que el Gobierno valenciano no contempla esa opción.
Sobre la información relativa a la vivienda adquirida en 2006 por la esposa de Barcala, Barrachina ha manifestado que, por lo que ha leído, se trata de “una actuación legal” y ha considerado “lo llamativo” que “actuaciones de hace veintiún años aparezcan hoy”. Asimismo, ha insistido en la “legalidad absoluta” del caso, al tratarse —según ha indicado— de una vivienda destinada al alquiler con un precio máximo fijado y respecto a la cual “se respetó la legalidad”.
En cuanto a las adjudicaciones de viviendas protegidas en la playa de San Juan a personas vinculadas al PP, el portavoz ha defendido que el Ayuntamiento de Alicante, “y singularmente su alcalde, han actuado con inmediatez”, al igual que la vicepresidencia competente. Ha señalado que “la única irregularidad acreditada” hasta el momento es la de un funcionario que no se inhibió en un expediente que afectaba a su mujer y que fue suspendido de empleo y sueldo, una decisión que ha calificado de “inmediata y ejemplar”.
Barrachina ha añadido que las adjudicaciones se han trasladado a la Policía y a la Fiscalía y ha defendido que el procedimiento se inició en 2017 bajo las reglas fijadas por PSPV-PSOE y Compromís, sistema que —según ha explicado— el actual Consell ha reforzado y volverá a reforzar con un órgano colegiado y mayor transparencia en los listados de solicitantes.
La izquierda pide una vez más la dimisión del alcalde
Los grupos del PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante han vuelto a exigir este viernes la dimisión del alcalde, Luis Barcala (PP), por falta de ejemplaridad en la gestión vinculada a la vivienda pública. La demanda se ha reactivado tras la polémica por la VPO relacionada con su mujer y en un contexto de investigación sobre adjudicaciones en la Playa de San Juan.
La nueva petición se ha producido después de que Barcala haya comparecido sin admitir preguntas para afirmar que se siente víctima de una ‘cacería‘. El cobro del alquiler de la vivienda de protección oficial adquirida en 2006, aun pudiendo enmarcarse en la legalidad, ha reabierto el debate sobre la ética y el control político en materia de vivienda municipal, según ha esgrimido la izquierda.
Polémica por una VPO y responsabilidad política
Para el PSPV-PSOE, la cuestión ha excedido el ámbito judicial. Su portavoz, Ana Barceló, ha sostenido que ‘cuando hablamos de vivienda pública, la ética no es opcional‘ y ha insistido en que Barcala debe dimitir por falta de ejemplaridad y de control. A su juicio, mantener durante casi dos décadas el alquiler de una VPO que no es residencia habitual alimenta la sospecha y erosiona la confianza en las políticas públicas de vivienda.
Barceló ha recalcado una idea central del debate: ‘La vivienda de protección oficial está para vivir, no para especular‘. Bajo ese criterio, ha denunciado que en Alicante la vivienda protegida se ha convertido en terreno abonado para el privilegio, lo que, a su entender, refleja una cultura de pelotazo asociada a la gestión del PP.
Desde Compromís, Rafa Mas ha censurado que el alcalde hable de cacería y le ha instado a dejar el cargo y a rendir cuentas ante la Justicia. El grupo ha ligado el caso a una supuesta trama que, según su valoración, trafica con el suelo público, y ha afeado al primer edil que trate de abrir el ventilador de la porquería para diluir responsabilidades.
EU-Podem ha incidido en el plano ético. Su concejal, Manolo Copé, ha señalado que la situación ‘puede que sea legal’, pero no justa ni acorde con el espíritu con el que nacieron las VPO. Ha defendido que la legalidad no puede erigirse en coartada cuando se compromete la función social de la vivienda destinada a familias con recursos limitados.
En paralelo, ha continuado la investigación por posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas en la Playa de San Juan, un telón de fondo que ha intensificado la presión política sobre el alcalde. Los grupos de la izquierda han remarcado que Alicante no puede permanecer instalada en la sospecha permanente y han reiterado que la ejemplaridad debe guiar a quien encabeza el gobierno municipal.
