La oposición en bloque ha reclamado en la tarde de este jueves la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, en el transcurso del Pleno extraordinario por la adjudicación de las viviendas protegidas de Residencial Les Naus, en la Playa de San Juan. Un debate tenso en el que el alcalde se ha reafirmado en que tuvo conocimiento a finales de enero de posibles irregularidades en la promoción, que afectarían a empleados y cargos municipales, y ha defendido que, desde ese momento, se actuó con rapidez y contundencia.
En la misma sesión plenaria, los grupos han aprobado por unanimidad la creación de una Comisión No Permanente del Pleno para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal, tanto las ya licitadas como las que puedan licitarse en el futuro, así como las vinculadas al Plan Vive de la Generalitat Valenciana.
El primer edil, en una intervención que ha durado alrededor de media hora, ha defendido la actuación del equipo de gobierno local tanto en la gestión del procedimiento administrativo como en las competencias de fiscalización ante la sospecha de irregularidades.
Barcala ha reiterado que el Ayuntamiento ha ejercido el control conforme a sus competencias legales, subrayando que la administración local no ha elegido a los cooperativistas ni adjudicado las viviendas y ha asegurado que el Consistorio llegará hasta el fondo para depurar responsabilidades a través de la Fiscalía.
El alcalde ha señalado que, desde que tuvo conocimiento de hechos que podían poner en cuestión el fin social de este suelo, ordenó actuar, insistiendo en que “no me va a temblar el pulso” y que se esclarecerá cualquier actuación irregular, “caiga quien caiga”.
El alcalde ha confirmado que ya se ha abierto expediente informativo a los dos arquitectos municipales beneficiarios directos de viviendas de la cooperativa Les Naus, cuyas identidades han sido trasladadas al Ministerio Fiscal. Y ha precisado que el Ayuntamiento se personará como acusación particular si la Fiscalía aprecia indicios de delito.
También ha indicado que se está cruzando información con Recursos Humanos para detectar posibles implicaciones adicionales de personal municipal y familiares directos, así como colaborando de forma coordinada con la Conselleria de Vivienda para revisar expediente por expediente el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Barcala ha afirmado que quien haya accedido de forma irregular a una vivienda de protección pública no puede conservarla y ha anunciado que el Ayuntamiento ejercerá, junto a la Generalitat, todas las acciones legales disponibles, incluidas las de tanteo y retracto, la nulidad de las compraventas por fraude de ley y la personación como acusación particular si la Fiscalía aprecia indicios de delito. En ese sentido, el alcalde ha recalcado que “ejerceremos todas las acciones que la ley nos habilite para que quienes ilegítimamente han adquirido viviendas las pierdan”.
«El Ayuntamiento no adjudica ni visa las viviendas de protección pública»
En su comparecencia, el alcalde ha insistido en delimitar el reparto competencial en este tipo de promociones. Ha reiterado que el Ayuntamiento es competente en la enajenación del suelo municipal y en la concesión de la licencia de obras, mientras que la selección de cooperativistas y adjudicación de viviendas corresponde a la cooperativa promotora y el visado de los requisitos a la administración autonómica.
“El Ayuntamiento no adjudica ni visa viviendas de protección pública”, ha subrayado, recalcando que los controles municipales se ejercen en el ámbito administrativo que la ley le atribuye y a través de los informes técnicos de los servicios de Patrimonio, Urbanismo y Contratación, así como mediante la supervisión de la Junta de Gobierno Local.
Según ha defendido, el expediente de averiguación de hechos elaborado por la Secretaría General concluye que ninguno de los cargos públicos adjudicatarios de viviendas vinculados al equipo de gobierno intervino en los expedientes municipales de enajenación del suelo o concesión de licencia de obras, que son las dos competencias directas del Ayuntamiento en este procedimiento.
En cualquier caso, referido a la misma concejala, y tras haber insistido el primer edil en desconocer lo que acontecía con las adjudicaciones que realizó la cooperativa Les Naus, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha sostenido que en septiembre de 2025 las escrituras de compraventa de la vivienda ya constaban en el Ayuntamiento, al haberse tramitado la liquidación de la plusvalía.
Vox recrimina que en septiembre de 2025 el Ayuntamiento tuvo constancia de la escritura de la exconcejala de Urbanismo
En relación con la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, Barcala ha confirmado que, además de ella, dos familiares más constan como cooperativistas de Les Naus. El alcalde la ha desvinculado del procedimiento administrativo y ha señalado que se remite a las conclusiones del informe de Secretaría General para sostener que no incurrió en incompatibilidad legal.
Ha reconocido que Gómez participó en una reunión en febrero de 2025 en la que se abordó una modificación contractual con la cooperativa, pero ha precisado que dicha actuación no tuvo incidencia directa en la adjudicación de viviendas ni en la concesión de la licencia de obras.
Barcala ha rechazado la tesis de Vox y ha reiterado que la información relevante que activó las actuaciones municipales llegó a su conocimiento a mediados de enero, cuando el área de Patrimonio advirtió formalmente de posibles incompatibilidades, momento a partir del cual, ha defendido, se actuó con rapidez.
Exigencia de responsabilidades políticas y petición de dimisión
Desde el PSPV-PSOE, su portavoz, Ana Barceló, ha sostenido que el gobierno municipal está bajo sospecha y ha exigido la dimisión del alcalde al considerar que es el máximo responsable político de un procedimiento que, según ha denunciado, ha terminado beneficiando a personas vinculadas al entorno del poder municipal en un contexto de grave crisis habitacional.
Barceló ha insistido en que “no se puede dejar el control en manos privadas” y ha advertido de que el Ayuntamiento podía haber incluido mecanismos de control en el contrato con la cooperativa. La portavoz socialista ha defendido que no ha habido igualdad en el acceso a la vivienda, sino privilegios, y ha sostenido que los hechos conocidos ponen en cuestión el uso de la vivienda protegida en un momento en el que miles de familias esperan una vivienda pública en Alicante.
Compromís reclama mayor control y enumera las ‘casualidades’ en los hechos
Desde Compromís, el portavoz Rafa Mas ha señalado que no se trata de un error administrativo puntual, sino del resultado de una cadena de decisiones políticas sostenidas en el tiempo. Ha denunciado la existencia de conflictos de interés, falta de transparencia y contradicciones en los informes, y ha sostenido que el problema es político, no técnico.
El portavoz de Compromís ha afirmado que ya existía documentación de la cooperativa en agosto del año anterior, señalando que «el primer documento que registra la cooperativa es de agosto del año pasado, donde ya aparece el nombre de Rocío Gómez», y ha reprochado al alcalde que alegue desconocimiento.
Mas ha denunciado una cadena de circunstancias, citando la retirada de competencias de Patrimonio a Rocío Gómez -área en contacto directo con la cooperativa- el nombramiento «a dedo» de la ya exdirectora general y «que el arquitecto se salte a 2000 personas y acceda a una vivienda pública de protección pública, también es casualidad«, preguntando reiteradamente “¿eso tampoco lo sabía?”. Ha señalado directamente a arquitectos municipales, familiares y cargos y asesores del entorno del Partido Popular, afirmando que “todo son casualidades”.
En un tono muy duro, ha acusado al alcalde de ser “el títere necesario para que los corruptos hagan el agosto”, ha anunciado que ya se ha impulsado una comisión de investigación en Les Corts Valencianes y le ha advertido de que será “el primer compareciente”, concluyendo con una exigencia directa: “váyase, dimita hoy”.
Mas ha recriminado también que no se ejerza un mayor control. «¿Por qué usted, cuando le hemos pedido desde nuestro grupo que la policía local vaya piso a piso, a ver si viven o no viven allí: para ver si se están alquilando de forma fraudulenta o no; para ver si se han vendido o no; Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no ha cotejado los datos de consumo de energía y agua? Que usted lo puede hacer. ¿Por qué no ha ido al padrón a verificar que viven ahí? ¿Por qué no ha hecho absolutamente nada?»
Copé (EU-Podem): “Aunque todo sea legal, esto es una indecencia”
En la misma línea, Manolo Copé, de Esquerra Unida-Podem, ha defendido que el caso evidencia un modelo de política de vivienda, denunciando que el suelo público se haya utilizado para beneficiar a rentas altas mientras los alquileres y el acceso a la vivienda se han encarecido de forma generalizada. Ha reclamado responsabilidades políticas y disciplinarias y ha exigido cambios estructurales en la gestión del suelo municipal.
Copé ha denunciado, asimismo, que vecinos y vecinas no han podido acceder al salón de plenos, y ha exigido que se haga público el informe de aforo porque “se está impidiendo el acceso al mayor espacio democrático que debe ser esta ciudad”.
En el fondo del debate, ha sostenido que “aunque todo sea legal, esto es una indecencia”, y ha afirmado que la vivienda pública “se está utilizando como un negocio privado”, cuando hay personas sin hogar e infravivienda en la ciudad. Ha advertido de que “solo estamos viendo la punta del iceberg” y ha defendido que la comisión no peremanente debe servir para confrontar modelos de política de vivienda.
Robledillo (Vox) a Barcala: ‘Debe asumir responsabilidades y debe dimitir’
Vox, por su parte, ha reclamado explicaciones adicionales y ha cuestionado la capacidad de control de la administración local, exigiendo medidas más contundentes para verificar si las viviendas están siendo ocupadas conforme a la normativa y si se han producido transmisiones o alquileres irregulares.
La portavoz de Vox ha apoyado la creación de la comisión no permanente, defendiendo que el procedimiento debe ser “totalmente transparente, limpio e imparcial”, aunque ha advertido de su falta de fé en la misma: “No es una comisión de investigación como tal” y que los comparecientes “no están obligados a comparecer”.
Robledillo ha precisado que “la escritura de la señora Gómez entró el 5 de septiembre”, y ha afirmado de forma literal que “las escrituras ya estaban en el Ayuntamiento”, por lo que su grupo no se conforma con la comisión municipal. Ha anunciado que su grupo parlamentario ha solicitado una comisión de investigación en Les Corts Valencianes y ha reclamado responsabilidades políticas, afirmando que “debe asumir responsabilidades y debe dimitir”.
De España (PP) y el ‘oportunismo político’
En su turno de intervencion, la portavoz del equipo de gobierno ha acusado a la oposición de oportunismo político y ha sostenido que la comisión “no nace para defender el interés general”, sino para “obtener rédito político”. Ha contrapuesto dos modelos de vivienda, defendiendo el del gobierno municipal frente al de la izquierda, al que ha acusado de parálisis y bloqueo.
De España ha defendido la actuación del gobierno local, subrayando la tolerancia cero ante cualquier irregularidad y reiterando que se actuará “caiga quien caiga”. Ha insistido en que, aunque los hechos estén siendo investigados por la Fiscalía, el equipo de gobierno “actuará con contundencia contra cualquiera que haya actuado mal”.
“Caiga quien caiga”
Por su parte, el alcalde, en su intervención final, ha insistido en su compromiso de llegar hasta el fondo para esclarecer lo ocurrido. “Esto es repugnante e indignante”, ha afirmado, asegurando que comparte la preocupación de la ciudadanía y que no permitirá que nadie se beneficie a costa de los alicantinos y de quienes sí necesitaban una vivienda protegida.
Barcala ha reiterado que el Ayuntamiento colaborará plenamente con la Fiscalía y con la Generalitat para determinar si se han falseado documentos, si se han incumplido los requisitos económicos o patrimoniales, o si se han producido cesiones, ventas o alquileres fraudulentos.
Cronología del expediente explicada por Barcala
El alcalde ha cerrado su comparecencia detallando la cronología completa del expediente, que ha situado en 2007, cuando ya se contemplaba la posibilidad de destinar la parcela a vivienda protegida dentro del planeamiento municipal.
Ha recordado que en 2008 y 2010 se manejaron distintos usos para el solar, y que el expediente administrativo que desemboca en la adjudicación del suelo se inicia formalmente el 26 de enero de 2016, bajo el gobierno municipal del tripartito de PSPV-PSOE, Compromís y Guanyar Alacant, cuando se decide destinar la parcela a vivienda de protección pública mediante iniciativa privada.
El 30 de mayo de 2016, la entonces concejala socialista de Hacienda y Patrimonio, Sofía Morales, inicia materialmente el expediente para la enajenación de la parcela situada en la Playa de San Juan. En palabras del alcalde, “el emplazamiento de esta promoción de viviendas fue decidido en esa fecha y asimismo que esa promoción fuera por iniciativa privada, para lo cual se iniciaban los trámites de enajenación”.
En julio de 2016, el órgano gestor del expediente, la concejalía de Patrimonio, emite un informe en el que ya se plantea destinar la parcela a Vivienda de Protección Oficial (VPO). Según ha explicado Barcala, se trataba de un suelo libre, que no estaba obligado a destinarse a VPO, pero se decidió hacerlo así, al igual que optar por una promoción mediante iniciativa privada. Según ha relatado, la tramitación sufrió paralizaciones y reactivaciones sucesivas entre 2016 y 2018.
El alcalde ha señalado que, cuando el actual equipo de gobierno accede al Ayuntamiento en 2018, el expediente se encontraba ya en tramitación en el área de Contratación, a instancias de Patrimonio. En este sentido, ha recordado que el 18 de mayo de 2018, el entonces concejal de Gestión Patrimonial, Carlos Castillo, dio continuidad al expediente e instó a Contratación a proseguir con el procedimiento iniciado por el gobierno anterior porque “considerábamos prioritario impulsar vivienda de protección en la ciudad y, habida cuenta de que no había ningún otro proyecto para promoverla que estuviera preparado, entendimos que ese trabajo previamente hecho había que aprovecharlo”.
El expediente se sacó a licitación el 5 de septiembre de 2018, pero el procedimiento quedó paralizado el 23 de octubre tras la interposición de recursos por parte de Provia y de la empresa Block Arquitectura SL contra los pliegos, en relación con el criterio de desempate.
La Junta de Gobierno admitió esos recursos y acordó anular la cláusula de desempate “primus in tempore”, sustituyéndola por un sorteo. Frente a esa decisión, la cooperativa Les Naus recurrió ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En primera instancia, el juzgado dio la razón al Ayuntamiento, pero tras el recurso posterior, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana revocó la sentencia y declaró la firmeza de la adjudicación a favor de la cooperativa, al haber presentado la primera oferta.
La adjudicación se formalizó el 22 de marzo de 2022, la solicitud de licencia de obras se presentó el 29 de julio de 2022 y la licencia fue concedida el 21 de diciembre de 2022. Posteriormente, en febrero de 2025, se aprobó una modificación contractual relativa a plazos de ejecución.
Por último, para cerrar el expediente de enajenación, desde Patrimonio se requirió a la cooperativa la remisión de un listado certificado de todos los adjudicatarios de las viviendas. Dicha información tuvo entrada en el departamento el jueves 15 de enero, con cuyo trámite el expediente quedó concluso.
Beljilali fue advertida el 15 de enero de posibles incompatibilidades y el alcalde tuvo conocimiento el día 27
En relación a cuándo tuvo el Ayuntamiento información sobre las presuntas irregularidades o incompatibilidades en la adjudicación de las viviendas, el alcalde ha aclarado que es el Servicio de Patrimonio el que, para cerrar el expediente de enajenación de la parcela, recibe certificación por parte de la cooperativa adjudicataria, o en su caso de la promotora, con el fin de verificar que la urbanización se ha llevado a cabo conforme a los criterios de vivienda de promoción pública y que los pisos se han adjudicado efectivamente.
El alcalde ha explicado que el 15 de enero de 2026 la jefa de servicio de Patrimonio advirtió de forma verbal a la concejala del área, Naima Beljilali, de posibles incompatibilidades, quien le solicitó la redacción de un informe detallado. Ese aviso se produjo en el marco del trámite final para cerrar el expediente de enajenación, una vez Patrimonio recibió el listado certificado de adjudicatarios, con cuya incorporación el expediente quedó concluso.
Según ha explicado el primer edil, el informe elaborado por Patrimonio no le fue remitido directamente, sino que fue enviado el martes 27 de enero al secretario general del Ayuntamiento, quien ese mismo día le trasladó su contenido mediante un mensaje de WhatsApp, al que el alcalde tuvo acceso a las 11.46 horas. Es en ese momento, ha señalado, cuando tiene conocimiento efectivo de la posible existencia de incompatibilidades.
Tras conocer su contenido, Barcala ha señalado que el 28 de enero ordenó la apertura del expediente de averiguación de hechos y que, al día siguiente, se procedió a su traslado a la Fiscalía, activando todas las actuaciones administrativas y judiciales posteriores.
