El juicio contra el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, del PP, y tres empresarios por presunta falsedad documental y fraude fiscal arrancará el viernes 21, tras el aplazamiento de la primera sesión por un problema médico de última hora de la magistrada. La vista se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 1 de Orihuela, con las citas de los días 21 y 28 en pie.
Calendario y alcance del proceso
El Juzgado de lo Penal número 1 de Orihuela suspendió este viernes la primera de las tres sesiones previstas. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se mantienen las vistas de los días 21 y 28 de noviembre y, en función de cómo avance el juicio, el órgano valorará fijar una tercera jornada, que se acordaría con las partes.
Vegara y los otros tres empresarios están acusados de un presunto delito de falsedad en documento mercantil y de dos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA y de Impuesto de Sociedades. La acusación sostiene que se recurrió a documentación para simular operaciones y obtener deducciones con las que reducir el pago de impuestos, extremo que deberá dilucidarse en sala.
Según la acusación, habrían tratado de evadir cerca de un millón de euros en 2005. La investigación describe un supuesto plan de fraude basado en la presentación de facturas falsas ante Hacienda por la compra de 100.000 agendas publicitarias, con el objetivo de deducir cuotas de IVA y gastos en el Impuesto de Sociedades. Un volumen de material tan elevado, de confirmarse, permitiría justificar contablemente un gasto significativo y minorar la carga fiscal en ese ejercicio.
Entre los procesados figuran empresarios que, de acuerdo con la causa, son socios del regidor en la ITV Vega Baja, lo que sitúa el procedimiento en el marco de relaciones mercantiles previas a los hechos analizados. Ese vínculo societario aporta contexto sobre el origen de las operaciones cuestionadas, aunque será el tribunal quien determine su relevancia penal.
El alcalde ya se negó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para evitar la posible pena de cárcel y, en consecuencia, acudirá al juicio para defender su posición. Por estos hechos, el ministerio fiscal solicita para él una pena de siete años de prisión.
