Un constructor de nacionalidad alemana acusado en el juicio por la construcción de 292 viviendas en suelo rústico entre los años 1999 y 2003 en Llíber (Alicante) ha declarado este miércoles que pagó alrededor de 200.000 euros al arquitecto técnico municipal, Amador Signes, también procesado por los mismos hechos.
Peter Antonius Schmidt, que desde su país ha comparecido por videoconferencia tras alegar problemas de salud para desplazarse hasta España, ha explicado que esos pagos correspondieron por “la realización de proyectos”, su “revisión” y “su entrega para la licencia”, para la que se requería el informe del mismo Signes.
Diez acusados
En el banquillo se sientan un total de diez acusados, cinco constructores, el arquitecto municipal, quien fuera alcalde durante esa legislatura, José Mas Avella, y el actual alcalde, José Juan Reus, ambos del PP, y otros tres exconcejales populares y socialistas del momento.
Otros dos ediles incluidos en la causa ya han fallecido, mientras que se ha excluido del proceso a quien ejerciese como secretaria municipal, tras ser declarada incapacitada por sufrir una enfermedad degenerativa.
Casas construidas en suelo rústico
La fiscalía mantiene que las casas construidas en suelo rústico fueron vendidas a compradores extranjeros que, en su mayoría, no han podido legalizarlas, por lo cual considera que se habrían cometido delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios.
En su conjunto, solicita penas que suman 43 años y seis meses para el conjunto de los procesados, entre los quince meses y los siete años de prisión, en función de cada acusado.
Declaración Schmitd
En su declaración, Schmitd ha apuntado que promovió la construcción de las viviendas porque el representante de la inmobiliaria a la que compró parte de los terrenos, Miguel Muntaner, también procesado, le dijo que “estaba todo arreglado”, que “las licencias eran correctas” y que los proyectos estaban autorizados por el arquitecto municipal.
Ha asegurado “ni consciente ni inconscientemente intentó engañar” a ningún comprador y que siempre se mostró “abierto y transparente” con sus clientes.
Por su parte, el referido arquitecto municipal, Amador Signes, que ha comparecido en último lugar durante la segunda sesión del juicio, se ha acogido a su derecho a no declarar.
Declaración Miguel Muntaner
También ha comparecido el empresario Miguel Muntaner, quien ha explicado que él se limitaba a ejercer como intermediario en la venta de suelos, y que luego era cada comprador el que presentaba su proyecto y el que tramitaba sus licencias. Ha añadido que levantó ocho viviendas y que pensaba que se podían construir puesto que “el ayuntamiento lo permitía”, aunque fuese conocedor de que en algunos casos los permisos eran para “restaurar almacenes agrícolas”, y no viviendas de nueva planta.
Además, se ha retractado de su declaración ante la Guardia Civil y ante el juzgado de instrucción para señalar que él no le regaló un vehículo marca Mercedes al exalcalde José Mas Avellá sino que tramitó la entrega del vehículo a la mujer del exprimer edil, puesto que venía de Alemania, y que ella pagó el precio. Igualmente, ha dicho que los 10.000 euros que, según el sumario, le entregó a Mas Avellá para conseguir que se retirase un tendido eléctrico correspondían, en realidad, al pago de las tasas por la licencia que ingresó en la cuenta municipal.
Otro constructor, Trevor John Henry Bourne, ha sostenido, solo en respuestas a su abogado, que creía que las casas que construía eran legales puesto que contaban con permiso del ayuntamiento y que toda la tramitación de las licencias y el pago de las pasas lo concertaba con un asesor.
El también constructor Hans Georg Friedch Aust se ha pronunciado en términos similares, también solo a preguntas de su letrado, para sostener que nunca recibió ninguna notificación en la que le informase de que las viviendas que construía fuesen ilegales.
El actual alcalde y entonces concejal, el popular José Juan Reus, ha sostenido que las licencias se aprobaban “por unanimidad” en el pleno, sin que él ni ningún otro concejal revisase los expedientes, porque la secretaria municipal les decía que todo estaba correcto y que estaban informadas por el arquitecto municipal. «¿Cómo no íbamos a aprobarlas si nos decían que estaba todo bien?”, ha apuntado.
