La Audiencia de Alicante ha impuesto seis años de expulsión de España a un sexagenario de nacionalidad rumana juzgado este lunes por dos causas distintas relacionadas con la pertenencia a un grupo organizado dedicado a forzar a mujeres a prostituirse en un régimen de esclavitud.
La Fiscalía estimaba que el encausado se encargaba de la organización de la captación y el traslado de las víctimas, muchas de ellas menores de edad y la mayoría procedentes de Rumanía. Llegaban a la provincia de Alicante, desde donde eran dirigidas a diferentes puntos de la provincia o del país para prostituirlas.
El acusado ha reconocido los hechos durante la celebración de los dos juicios señalados este mismo lunes ante un mismo tribunal de la Sección Segunda, después de que su defensa alcanzase un acuerdo de conformidad con la el ministerio público.
El acuerdo ha rebajado las penas globales de 26 años y tres meses, por el primer juicio, y de 58 por el segundo hasta un total de 26 años: 5 años y 8 meses por la primera causa y otros 21 por la segunda, todo ello después de que se haya aplicado tanto la atenuante de reconocimiento de los hechos como la muy calificada de dilaciones indebidas ya que los hechos objeto de ambos procesos transcurrieron hace más de 20 años, entre 2001 y 2004, según ha precisado el letrado defensor, Roberto Sánchez.
No obstante, la sentencia -que ha adquirido firmeza tras su dictado ‘in voce’- conlleva la sustitución de la pena de internamiento por la de expulsión del territorio nacional por un tiempo máximo de 6 años, en función del acuerdo alcanzado entre las partes, después de que se haya considerado tanto las dilaciones como la peligrosidad del acusado, así como el hecho de que éste ya hubiese cumplido en prisión preventiva cerca de cuatro años en España.
Esa pena de expulsión a Rumanía -el país de origen del encausado, donde también había cumplido pena por un delito de asesinato- tendrá efectos inmediatos, según el letrado defensor.
En la sentencia sobre la primera causa, se le considera culpable de un delito de asociación ilícita, castigado con un año de cárcel; dos de prostitución de persona mayor de edad, penado con un año de prisión cada uno de ellos; uno de receptación, por el que suma otros ocho meses de privación de libertad; y un otro más de homicidio en grado de conspiración por, presuntamente, dirigir desde la prisión de Fontcalent una organización criminal especializada en la comisión de hechos delictivos y violentos, con el que suma un año y nueve meses de prisión.
En este sentido, la fiscalía relata que el hombre, provisto de un teléfono móvil, ordenó a varios miembros de la banda que mataran a dos personas con las que el grupo criminal tenía cuentas pendientes. No obstante, la Guardia Civil evitó la ejecución de dichas muertes.
Además, en el fallo por la segunda causa, se le considera responsable de ocho delitos de prostitución de menores castigados con dos años de prisión cada uno de ellos; cuatro delitos relativos a la prostitución de mayores de edad, penados con un año de prisión cada uno, y un delito continuado de falsificación de documentos oficiales por el que se le impone otro año de prisión.
