La Plataforma por la reversión del Vinalopó ha entregado a la Conselleria de Sanidad y al Síndic de Greuges las más de 15.000 firmas de la ciudadanía que exigen la reversión a la gestión pública del Departamento de Salud Elx/Crevillent, «el único que queda en manos privadas de una empresa, Ribera Salud».
La entrega de firmas se produce un día antes de que la Generalitat Valenciana deba comunicar el inicio de los trámites para la reversión, que por contrato ha de ser justo un año antes del fin de la concesión y que acaba el 31 de mayo de 2025, según ha indicado la Plataforma en un comunicado.
Al respecto, la asociación ciudadana ha censurado que la Conselleria de Sanidad «no ha hecho públicos los datos, informes o auditoría que avalen la decisión que hasta ahora han manifestado desde el Gobierno Valenciano de prorrogar cinco años más el contrato a Ribera Salud».
La plataforma ha agradecido el apoyo a toda la ciudadanía que ha firmado para revertir a la gestión pública el hospital y los centros de salud, así como a los equipos de personas que han trabajado en ello. En concreto, han conseguido 15.115 apoyos (13.163 firmas presenciales y 1.952 online) de la ciudadanía que «está cansada de contar con los peores ratios de médico por paciente, con falta de personal en especialidades, con citas en Atención Primaria que se demoran más de un mes y con la opacidad de la empresa gestora que tiene a los profesionales de la salud en unas condiciones muy por debajo de la media de la red pública valenciana de salud».
Asimismo, ha afirmado que la ciudadanía ha mostrado «sus dudas sobre la viabilidad jurídica de una posible prórroga del contrato, con una inversión ya amortizada después de quince años de gestión del departamento, una futurible prórroga que no se ha dado en ninguno de los departamentos de salud que estaban privatizados y que ya han pasado a la gestión pública».
En este sentido, la plataforma se ha preguntado «por qué son los únicos que se quedan en estas condiciones de desigualdad frente al resto de valencianos y valencianas» y ha recalcado que no quieren ser «pacientes de segunda, una isla con un sistema de salud diferente, con un sistema informático incompatible con la red pública valenciana de información» y ha reclamado que «se deje de hacer negocio con la salud».
